Esta semana se han cumplido cinco años del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Era indígena, defensora del medio ambiente y mujer. Mala combinación todavía en estos tiempos. Ella sabía los riesgos que corría y denunció amenazas de muerte contra su persona decenas de veces. Cuando unos meses antes de su asesinato recibió el Premio Goldman, el mayor reconocimiento para activistas contra el cambio climático, volvió a dar la voz de alarma. “Dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta”, pronunció.
En el tiempo pasado desde su muerte la justicia hondureña todavía no ha sido capaz de encontrar y condenar a todos los culpables. Aunque ha condenado hasta la fecha a siete personas por este crimen, familiares y defensores del territorio siguen denunciando que los autores intelectuales del mismo siguen libres. La organización que lideraba la activista lenca, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), reclama desde hace años el enjuiciamiento de un exmilitar y un empresario hondureños. A Cáceres la mataron por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, según un informe que elaboró en 2017 el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
Este hecho ni es nuevo ni sorprende, ya que es de sobra conocida la impunidad de los crímenes contra activistas, especialmente en América Latina, pero el asesinato de Berta Cáceres fue distinto al de otros líderes campesinos. Su muerte encendió una mecha de indignación que se extendió por el mundo entero e inspiró la lucha de cientos de mujeres. Su asesinato también sirvió para devolver al centro de la actualidad la realidad que viven las comunidades indígenas, cuyas tierras y vidas no valen nada para quienes pretender construir en ellas macroproyectos urbanísticos e industriales.
Los crímenes contra defensores de derechos humanos son una realidad que parece lejos de terminar. Entre 2015 y 2019 fueron asesinados 1.323 activistas en al menos 64 países. Latinoamérica es la región más castigada, según un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por suerte, los expertos apuntan a que hoy la sociedad es más consciente de esta realidad. Como puede leerse en tantas pancartas desde aquella noche del 2 de marzo de 2016: “Berta no murió, se multiplicó”.
