La Audiencia Nacional y las instituciones competentes han hecho llegar o están a punto de hacerlo todos los requisitos demandados por la fiscalía belga sobre la nueva petición de entrega del expresidente catalán, Carles Puigdemont, a España, donde está acusado de los delitos de sedición y malversación después de que el Tribunal Supremo condenara por esos delitos al resto de líderes del “procés” que no huyeron para sustraerse a la acción de la justicia.
De forma voluntaria, Carles Puigdemont compareció ayer ante las autoridades judiciales belgas que le comunicaron la euroorden por la que se reclama su detención, en contra de la que se manifestó el ex presidente catalán. Se abre ahora un periodo de estudio de las circunstancias que es difícil saber cómo acabará dadas las connivencias de la Justicia belga con el proceso independentista catalán. Ya se manifestaron a favor de los miembros de ETA que se refugiaron en ese país y cuya detención fue solicitada por los jueces españoles. Pero como ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente, en al menos un caso las autoridades belgas incumplieron su obligación de cooperar con la Justicia española.
Es la tercera activación de la euroorden por parte de España, después de que el juez Llarena tuviera que retirarla en dos ocasiones, por cuanto ni las autoridades judiciales belgas, ni las del cantón alemán de Schleswig-Holstein apreciaron que el delito de rebelión por el que la Audiencia Nacional solicitaba la entrega a España contaba con la doble incriminación en los códigos penales de esos países. Lo que sí ocurre en el caso del delito de sedición.
Al cursar la nueva euroorden, vuelve a reabrirse el debate sobre su eficacia o la necesidad de proceder a su reforma para que no se produzcan casos como el que un tribunal regional de un país cuestione la instrucción realizada por un órgano jurisdiccional que se encuentra en la cúspide del poder judicial, o se dé pábulo a la supuesta parcialidad de los jueces en una democracia consolidada. Sin embargo, esa propuesta lanzada por algunos partidos en el Europarlamento no cuenta con mucha aceptación en el conjunto de la Comisión Europea, dado que abrir el melón de su reforma puede traer más perjuicios que beneficios. En primer lugar porque se trata de un mecanismo que en términos generales ha funcionado de forma adecuada y ha contribuido a agilizar los procedimientos judiciales en la lucha contra la delincuencia. En segundo lugar, es un mecanismo tan frágil y que costó tanto tiempo poner en marcha que las modificaciones supondría abrir un debate que, en este momento, quizá no se pudiera cerrar con mejores condiciones que las existentes, por la oposición de algunos países del grupo de Visegrado, en los que la independencia de la Justicia no atraviesa por sus mejores momentos.
Carles Puigdemont y sus abogados saben que los jueces belgas van a mirar su caso con cierta simpatía y que tratarán de poner todas las trabas posibles a la entrega a España. Por lo pronto le han aplicado medidas cautelares relativas a su capacidad de movimiento, aunque no se atreve a salir de Bélgica, no vaya a ser que otros países tengan menos consideraciones con su causa.
