La inestabilidad y la incertidumbre se ha enseñoreado en los últimos meses de una parte de los países suramericanos. A las declaraciones y acciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, propias de un ultraderechista irredento, a la cronificación de la crisis económica y política que vive Argentina, y a la crisis institucional vivida en Perú que ha acabado en la convocatoria de nuevas elecciones, se suma ahora la declaración del estado de excepción en Ecuador que ha decretado su presidente, Lenin Moreno, para tratar de atajar los disturbios causados por sus propuestas económicas para rebajar el déficit público.
El principal motivo de la protesta es la supresión del subsidio que mantenía muy bajo el precio del diésel. Los transportistas han comenzado una huelga de protesta que pretende desabastecer al país para torcerle el brazo al Gobierno. Lo que deja de ingresar cada año el Estado como consecuencia de ese subsidio es unos 1.200 millones de euros, lo que supone que la tercera parte de los ingresos que llegan al país por la venta de petróleo se van en esas ayudas.
Se trata, sin duda, de una medida impopular, pero la alternativa, según los expertos, era la subida del IVA que al tratarse de un impuesto indirecto perjudica a todos por igual, hubiera tenido un carácter más injusto y acabaría provocado una retracción del consumo y de la actividad económica en un país empobrecido.
Sin embargo, como otros dirigentes procedentes de la izquierda, Lenin Moreno ha adoptado una política económica liberal para atraer inversiones mediante la reducción de impuestos a las grandes empresas y ha renegociado con el Fondo Monetario Internacional el pago de la deuda externa.
Pero las medidas que pretende aplicar el Gobierno ecuatoriano no se circunscriben solo al ámbito de la desaparición de subvenciones, sino que prepara también una reforma laboral que liberalizará el mercado de trabajo facilitando el despido e introduciendo los contratos temporales, y la rebaja a la mitad de las vacaciones de los funcionarios para equipararlos al resto de los trabajadores.
Políticas en definitiva le que siguen separando de su predecesor, Rafael Correa, al que acusa de no haber hecho nada para atajar la corrupción endémica del país,
Con la declaración del Estado de excepción, el Gobierno ecuatoriano pretende frenar la ola de indignación que se ha extendido por las principales ciudades del país de la mano de sindicatos y estudiantes. Pese a las protestas, el presidente Lenin Moreno ha ratificado su intención de no dar un paso atrás porque se trata de aplicar unas medidas que tenían que haber sido adoptadas hace tiempo para hacer más competitiva la economía ecuatoriana.
