Ha vuelto a suceder. Un joven armado con un rifle ha vuelto a provocar una matanza. Esta vez ha sido en Chicago, donde pertrechado en una terraza disparó indiscriminadamente contra los centenares de ciudadanos que aprovechaban el día festivo para pasear por el parque. El asesino, detenido después de varias horas, ennegreció el Día de la Fiesta Nacional de EEUU, provocando seis muertos y casi una cuarentena de heridos.
El país más poderoso del mundo no es capaz de legislar contra la influyente Asociación del Rifle, que esgrime la Segunda Enmienda de la Constitución que recoge el derecho a cualquier ciudadano a defenderse y, por tanto, portar armas. Cada vez que se ha presentado una iniciativa parlamentaria para anular esa enmienda o, al menos, regular la compra de armas, la Asociación del Rifle, el lobby más poderoso del país, ha conseguido echarla abajo.
El nuevo atentado de Chicago se produce después de una cadena de tiroteos que han provocado un auténtico escándalo, sobre todo porque muchos de ellos han sido en centros escolares, lo que hace comprensible que hoy en día uno de los artículos más buscados sean los chalecos infantiles antibalas. El detenido, portador habitual de armas, utilizaba las redes sociales para alentar al uso de las armas e incluso publicaba mensajes en los que expresaba su satisfacción por los tiroteos en escuelas y colegios, lo que ha encendido las críticas contra el FBI y las policías municipales, porque tienen la obligación de tomar medidas contra aquellos que desde las redes sociales hacen apología de las armas, y en muchos casos amenazan con cometer atentados. Como ha ocurrido con algunos de los protagonistas que ha asaltado a tiros varias escuelas y entrado en las aulas para matar a alumnos y profesores.
Días atrás, el Estado de Nueva York promovió una ley para que cualquier ciudadano que quisiera comprar un arma estuviera obligado a justificar que la compra se debía a que estaba amenazado y necesitaba autoprotección. El Tribunal Supremo abolió inmediatamente esa iniciativa y reafirmó el derecho a portar armas, incluso en público.
La situación por tanto no tiene solución mientras las autoridades no tomen medidas específicas para abolir determinadas leyes o artículos de la Constitución. Pero los últimos acontecimientos profundizan también en la decepción generalizada hacia el trabajo policial.
