La tendencia a dejarse flotar y hacerse el muerto es consustancial en el político al que se le menciona la expresión “contención del gasto”. En estos días, tímidamente, han empezado a asomarse algunas iniciativas que parecen agitar a sus señorías de su letargo. El diputado socialista Odón Elorza anunció que donaba la parte de su sueldo que retribuía los desplazamientos que la cuarentena le impedía realizar (1.900 euros al mes). A partir de esta iniciativa de “perogrullo” (lo incalificable sería seguir cobrándola), los partidos han tenido que ir sumándose a regañadientes a esta propuesta, eso sí, sin señal alguna de cuestionar la eliminación de la verdadera grasa que impregna de forma endémica la administración política (subvenciones a partidos, nómina de asesores y cargos de confianza, fundaciones…) Ni rastro de propuestas que afecten al tamaño de su estructura, que parece haber encontrado la inmunidad al virus.
Hemos sabido que nuestro país ha cerrado el pasado ejercicio con un déficit del 2,7%. Es un déficit que se sitúa por encima del objetivo del 2% previsto por el gobierno y mayor que el alcanzado en 2018 (2,5%). Se ha roto, por primera vez, la senda de disminución del déficit que venían reflejando las cuentas públicas desde 2012. De nuevo, no hemos sido capaces de contener el gasto, lo que ha llevado a que nuestra deuda pública acumulada se sitúe en el 95,5% del PIB, una de las mayores del mundo. El objetivo del gobierno para 2020 era el de contener el déficit en un 0,9% (mejorarlo en unos 20.000 millones) para dejarlo al final del ejercicio en un déficit del 1,8% del PIB. Pero cualquier previsión de mejora del déficit va irse al traste en el contexto que atravesamos. La crisis sanitaria ya ha arrojado la mayor destrucción de empleo de la historia reciente de España y el impacto sobre la economía va a tener resultados devastadores.
El Gobierno ha de afrontar con decisión inequívoca una reducción drástica del gasto improductivo, la única manera posible de evitar el riesgo de sucumbir en una crisis de déficit público inabordable que conduzca a nuestra economía al inevitable rescate. Todo ello, sin dejar de dar facilidades en sus obligaciones a trabajadores, autónomos y empresas, a la vez de reconstruir el sistema sanitario y mimar al máximo el tejido productivo, que será quien tire del carro de la futura recuperación.
Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer jamás. Tendremos que elegir entre menos gasto o más impuestos. Miremos hacia las decenas de miles de millones que el Estado reparte en subvenciones cada año, elijamos si queremos televisiones estatales o más hospitales, decidamos sobre mantener la cooperación exterior al desarrollo, aplazar la inversión en infraestructuras, contener las ayudas a la industria cultural, o reestructurar la administración autonómica y local.
