Esto no tiene fin. En manos de quien estamos se demuestra cada día por los desvaríos a los que nos asomamos cada día en este lamentable devenir patrio. Aquel que iba a donar su sueldo, seguir viviendo en Vallecas y regenerar la política española no dice ni “mú” ante el anuncio de que Hacienda prepara una ley para poder irrumpir sin avisar en los domicilios particulares en busca de pruebas de delito fiscal. Puso el grito en el cielo acusando a Albert Rivera de convertirse de repente en Corcuera al defender que la Policía pudiera irrumpir en un domicilio sin orden judicial en inmuebles ocupados ilegalmente cuanto existirán indicios de que se estuvieran cometiendo actividades delictivas en su interior. “Querer volver a medidas impropias de una democracia creo que no habla muy bien de estos nuevos liberales que quizá no entiendan nada de lo que significa la palabra liberal”, decía. Ahora calla, cuando se trata de entrar en casas de particulares (no ocupadas ilegalmente) para buscar supuestas pruebas de delito fiscal.
Hace un par de fines de semana, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias en una coqueta casa del norte de Galicia (intentábamos almorzar cinco convivientes), el sempiterno afán de un vecino celoso por hacer la vida imposible al ciudadano, puso en alerta a la guardia civil por una falsa denuncia de que allí nos encontrábamos “al menos ocho personas” en plena “fiesta descontrolada”. No permitimos entrar a los agentes. Sabíamos perfectamente cuáles eran nuestros derechos. ¿Es más justificado que las fuerzas de seguridad puedan entrar sin permiso en el caso de un delito contra la salud pública o por un supuesto escaqueo fiscal? Pues para el gobierno PSOE-Podemos prima más la recaudación que la salud; y, por supuesto, que a nadie se le ocurra entrar a desalojar a nadie que haya ocupado una vivienda ilegalmente.
Recientemente, en una sentencia del pasado uno de octubre, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, tumbó un Auto judicial que autorizaba la petición de Hacienda de entrar en el domicilio de una empresa basándose en que alguien había tributado por debajo de la media. Es decir, que si usted es peluquero y resulta que declaraba menos IVA que la media del sector, Hacienda podía irrumpir en su domicilio para poner todo patas arriba, delante de sus hijos, por tener “una corazonada” de que algo pudieran encontrar, sin que dicha solicitud se basara en pruebas procedentes de una investigación.
Pero los reveses jurídicos para Hacienda son meros chinarros que no sacian en absoluto su afán confiscatorio. La maquinaria jurídica estatal se pone de nuevo a trabajar para hacer posible sus pretensiones. ¿Lo conseguirán? Tengan por seguro que sí, aunque se pasen por el forro la inviolabilidad del domicilio reconocida en el artículo 18.2 de la Constitución Española.
