Opinión

Conductor temerario

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Conductor temerario

Un político honrado podría cometer un suicidio político al tener el coraje de hablar públicamente sobre un tema impopular. Desde ese prisma, me gustan los políticos suicidas, ya que tristemente hoy prevalece lo que se conoce como pensamiento único, que no es otra cosa que un conjunto de actitudes moralizantes que han liquidado las sanas normas del debate abierto y tolerancia ante las diferencias ideológicas (savia de la democracia liberal), en favor de una conformidad intelectual que ha terminado en un intolerante patrón dogmático y de coerción. Por lo antedicho, no considero a Pedro Sánchez un “conductor suicida”, título con el que iba a encabezar inicialmente esta columna. Lo que verdaderamente resulta un suicidio cotidiano para el marco donde intentamos convivir es la resignación que percibo ante su acción política. 

Rajoy y su ministro de Justicia prometieron solemnemente en las Cortes acabar con la politización de la Justicia, cuyo ejemplo más miserable es la expoliación del Consejo General del Poder Judicial a través del nombramiento político de diez de sus veinte miembros. A los ocho meses de la promesa de Gallardón: "Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos", pactaron con el PSOE, Izquierda Unida y los separatistas que los partidos no se repartieran casi todos los vocales, sino todos. Ahora, Sánchez, utilizando un subterfugio legal y con la ayuda de los independentistas, ha anunciado que pretende renovar el Consejo sin el concurso del Partido Popular, colocando a un representante de Podemos en dicho órgano, cuando son inminentes la imputación de Pablo Iglesias por el “caso Dina” y los recursos de la sentencia de los políticos presos catalanes.

Sean quienes sean, ahora si cabe con más descaro, se empeñan en convertir el Consejo General del Poder Judicial en una réplica del parlamento político. Recordemos que este órgano nombra a los presidentes del Tribunal Supremo y de las salas correspondientes, a miembros del Tribunal Constitucional y a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las CCAA, casi nada.

El poder Judicial no es más que un poder más del Estado y, por tanto, susceptible de utilizarse para recortar nuestras libertades. Pero el hecho de que sea independiente da alguna garantía para que el Estado no viole directamente nuestros derechos. Resulta tan clamorosa la reforma que permita la efectiva división de poderes, como temerario el atentado a la democracia que pretende realizar el gobierno de coalición de Sánchez.