Resulta de toda lógica. Gastar menos de lo que se gana es propiedad esencial para que la economía de cualquier familia no se vea abocada a la bancarrota. Es posible que en determinadas circunstancias sea necesario acometer algún gasto o inversión extraordinaria. En estos casos se abren dos opciones. O bien se recurre a los ahorros, si es que se tienen y son suficientes, o bien, se pide el dinero prestado y la familia se endeuda, sabiendo que sus gastos corrientes, a partir de ese momento, van a verse incrementados para poder atender a la devolución de los intereses y del capital recibido.
Este necesario equilibrio presupuestario es extensivo a empresas y economías de cualquier país. Nuestra economía, la española, gasta más de lo que ingresa. En la serie histórica que proyecta el déficit desde 1980, tan sólo en los ejercicios 2005, 2006 y 2007 se produjeron tímidos superávits que no disimulan el grave problema de déficit estructural que padece nuestra economía. Para poder cubrir este desequilibrio, el Estado también necesita endeudarse y se encarga de la emisión regular de deuda pública en subastas y permite que ciudadanos, empresas o incluso, otros Estados, puedan invertir en la deuda española con diferentes plazos y tipos de interés. Pero, lógicamente, estos “préstamos” hay que devolverlos y sabemos que, en 2018, los intereses que España tuvo que pagar estuvieron por encima de los 31.000 millones de euros. Esta peligrosa dinámica, que se repite cada año, ha elevado la deuda española actual a 1.178.537 millones de euros, prácticamente, un 98% de su PIB, siendo superados, tan sólo, por Italia y Grecia. La misma serie histórica refleja que, desde 1980, año en el que era de 15.997 millones, la deuda pública española se ha incrementado en 1.162.540 millones de euros, por efecto de los sucesivos déficits anuales que han ido acumulándose. En el último año 2018, se han gastado prácticamente 31.000 millones de euros por encima de lo que se ha sido capaz de ingresar.
Como paliativo, los gobiernos deberían establecer políticas con el objetivo de corregir tamaño desequilibrio y no verse abocados al colapso al no poder hacer frente a sus compromisos de deuda. Por un lado, hay gobiernos cuya tendencia es la de mantener, o incluso incrementar, el gasto público, recurrir al aumento de los ingresos por la vía impositiva y confiar en que las políticas de inversión pública movilicen la economía para que se produzcan incrementos proporcionales de ingresos. Por otro, están aquellos que consideran que una baja imposición es motivadora de mayor actividad económica y por lo tanto, fuente más eficaz de recaudación; sus políticas se dirigen con mayor énfasis a la reducción paulatina del gasto público y fomentan el ahorro en vistas de tener que recurrir al mismo en momentos de recesión y necesidad.
En todo caso, Europa vigila y exige a los Estados miembros que reduzcan la brecha entre los ingresos y gastos, saneen sus cuentas públicas y contengan el enorme peso de la deuda acumulada de sus economías. Periódicamente, se envía a Bruselas información de todo tipo con la finalidad de comprobar la evolución de las cifras macroeconómicas y así evaluar si las políticas implantadas están bien encaminadas y contribuyen a cumplir con este objetivo.
