No creo que pueda discutirse que un bar sea un establecimiento público, aunque quien lo explote sea un particular. Tampoco existirá duda de que un cine es también un servicio público, por mucho que quien asuma el riego sea una sociedad privada. Por tanto, debemos de entender que los medios de comunicación, como el que tiene en la mano o lee por internet, Telecinco, Antena 3, DMAX o Ten TV son también públicos. Ninguno es el White’s Gentlemen’s Club de Londres. Sus editores no restringen el acceso a quienes libremente deseen acceder a sus contenidos con tal de que, en algunos casos, paguen la cantidad establecida para ello.
Controlar el lenguaje para controlar el pensamiento… Pretender que a todos estos medios se les llame “privados”, inoculándoles así toda la connotación negativa del término, mientras que los medios que realmente están controlados gubernamentalmente sean los “públicos”, es decir, los únicos que cumplen una función social. Una manipulación más que deforma interesadamente la realidad, ya que estos últimos medios no son más que medios estatales, sean nacionales o de cobertura autonómica, en manos y al servicio de políticos de cualquier palo.
Vayamos a la actualidad. La agencia Efe, la monstruosa empresa de información que tiene una plantilla de casi 3.000 periodistas y delegaciones en 120 países, también es estatal. Lo reconocen en su propia web: “una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)”, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “con dependencia directa del ministro”. La información que elabora es comprada por la totalidad de medios de comunicación públicos (en manos privadas) cuyas estructuras impiden la cobertura informativa allá donde Efe sí llega. Sin embargo, sus cuentas están quebradas. Cerró el ejercicio 2017 con patrimonio neto negativo y unas pérdidas de más de 13 millones de euros (6 millones en 2018). Una nómina de casi 62 millones de euros para alcanzar una facturación de poco más de 87. Según sus cuentas auditadas “una parte muy significativa de la actividad de la Sociedad es el servicio que viene realizando al Estado a través de un contrato con el ministerio de Presidencia” ¡como para criticar la gestión del ministro!
Parece ser que fue tomando unos sándwiches en Rodilla cuando el secretario de Estado de Comunicación comunicó a Miguel Ángel Oliver su destitución por decisión del Gobierno de Sánchez porque, quizá, no haya entendido bien lo que se espera del presidente de la agencia estatal, a tenor de lo que en su carta de despedida manifestó: “una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”.
