Opinión

Las élites extractivas

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Las élites extractivas

Es la otra política. Aquella que, casi siempre con éxito, pretende manipular a la ciudadanía con la burda utilización del lenguaje y los eufemismos. Échense a temblar cuando oigan de la boca de un político expresiones tales como “armonización fiscal”, “medidas excepcionales para incentivar la tributación” o “recargo complementario temporal de solidaridad”. Si son autónomos, clase media o trabajadora, agarrárrense también la cartera porque, tras todas ellas, acecha el desbocado afán confiscatorio del Gobierno de turno, sobre todo, de aquellos que sufren de incontinencia presupuestaria y de gasto incontrolable. Es un arte que dominan y que como dóciles siervos permitimos que persevere. "No vamos a subir impuestos, sino a cambiar la ponderación". Sublime, qué más da quien lo haya dicho.

Lo veíamos venir. Una de las medidas que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos quiere poner en marcha es la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. No sólo su título es eufemístico; además, encubre medidas que nada tienen que ver con el fraude fiscal, sino con el detrimento de conquistas civiles, que en otros ámbitos, tanto y muchas veces con razón, hacen movilizar a determinados sectores de la progresía para llamar a la lucha a sus militantes, mientras sus dirigentes se refugian en sus mansiones, coches oficiales o tras cartas con menús de estrella Michelín.

Entre otras sorpresas, la Ley esconde un castigo fiscal a las ventajas que los pactos sucesorios habían adquirido en determinados territorios de España, entre ellos, Galicia. Desde 2016, los herederos gallegos gozan de una reducción del 100% en el Impuesto de Sucesiones hasta un máximo de 400.000 euros. Es decir, que un gallego que hereda en vida de su padre por valor de esa cantidad no tributaría nada por este impuesto, mientras que si hubiera recibido los bienes en donación pagaría unos 24.000 euros. Permitir que se graven impositivamente las herencias conforma esa curiosa manera de cómo toleramos sumisamente las injerencias perpetradas contra nosotros por el Estado y que en ningún caso permitiríamos que nadie hiciera en la vida civil. 

Lo habíamos conseguido. Después de que ya hubieran sido gravados con contundencia con anterioridad, los padres que quisieran traspasar en vida a sus hijos el patrimonio ahorrado de toda una vida, podían hacerlo en Galicia, por fin, sin coste fiscal. Es de toda lógica plantearse hoy en día, con la alta esperanza de vida que disfrutamos, que no haya que esperar al fallecimiento de los progenitores para que sus descendientes pudieran heredar un negocio, independizarse o invertirlo en un proyecto de vida, en el momento en el que lo necesiten. 

Pero si la antedicha Ley llega a aprobarse en los próximos meses, aquellos herederos que por cualquier necesidad, incluidas las derivadas del desastre económico que el covid vaya a propagar, necesiten vender el patrimonio recibido antes de que fallezcan sus ascendentes, tendrán que tributar por ganancia patrimonial y, nada menos, que por la diferencia entre el valor de adquisición que en su día tuvieron los padres y el precio de la venta. Es decir, los más necesitados tendrán que pasar por las manos de las élites extractivas.