Lo del poder judicial es como lo de los amores virtuales. Ver y no tocar. Todo el mundo despotrica sobre la obscenidad que supone que los políticos nombren a los jueces que puden juzgarlos. Pero nadie toca nada. La expolición se mantiene y continúa el maltrato de nuestra democracia. Sin embargo, hay momentos en los que asoma la ilusión porque nuestras instituciones se regeneren.
Con fecha 6 de abril, tres asociaciones judiciales en representación de más de 2.500 jueces españoles de los 4.500 jueces y magistrados que hay en España, han presentado a la Vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia y al Comisario Europeo de Justicia, un escrito en el que exponen una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España. Ahí es nada. Se trata del “actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España.”
No es cuestión de opiniones, si no de una constatación. Desde hace treinta y cinco años, todos los gobiernos no solo han ignorado sistemáticamente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido sino que, al contrario, actúan en la dirección opuesta, sin acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE. Es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales. Desde 1985, los partidos políticos se reparten los puestos judiciales en descaradas negociaciones clandestinas al margen del Parlamento.
Después de realizar un profundo análisis de la situación, esta gran mayoría de jueces que, no lo olvidemos, son tan europeos como cualquiera, solicitan a la Comisión Europea que tome conocimiento “acerca de las reformas legislativas sobre el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos”, que comprometen “toda la actividad gubernativa sobre jueces y con ello su independencia e imparcialidad”, advirtiendo que estas actuaciones ponen “en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, del propio Derecho de la Unión”.
En todas las constituciones liberales modernas subyace el principio divide et impera (divide y vencerás), como garantía de que el propio Estado no viole los derechos del individuo. De ahí, la necesaria división de los poderes ejecutivo (Gobierno), legislativo (Parlamento) y judicial (Justicia). El caso es que, en la práctica, se mantiene en España este inadmisible sistema, contrario a todo espíritu constitucionalista contra la que, afortunadamente, los jueces ahora se rebelan.
