Hace más de un año, el que fuera presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el ourensano Miguel Ángel Cadenas, hoy felizmente jubilado después de cuarenta y cinco años de dedicación a la judicatura manifestó que, “si bien habría que aplicar la ley vigente para ordenar el desalojo okupa, si la normativa actual fuese lenta o no cubriese las necesidades presentes, lo que habría que hacer es cambiarla”. Una voz que dicha desde tan alto órgano judicial parecía abrir una ventana de sensatez ante la disparatada violación de uno de los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento civil: la propiedad privada. Nuestro cuerpo, nuestra imagen y todo aquello que nos pertenece, bien por naturaleza o bien porque lo hayamos conseguido legítimamente, no puede ser invadido ni forzado por nadie.
Solamente en lo que va de año, pandemia incluida, los episodios de usurpación de propiedades han continuado reproduciéndose furibunda y sistemáticamente, cada vez con episodios más esperpénticos. La cuidadora que tras la repentina muerte e incineración de la anciana a la que asistía aprovechó el estado de alarma para apropiarse de su casa y pide ahora 15.000 euros para abandonarla; las desesperadas medidas que llevan a los propietarios a ocupar a los okupas; los okupas que denuncian a los segundos okupas; okupas que se van a Ibiza de vacaciones después de instalar una alarma anti intrusos; la increíble decisión de Ada Colau en Barcelona (paraíso okupa por excelencia) para regularizar la situación de unos okupas y rehabilitarles el edificio con fondos públicos; la propietaria obligada a convivir con la okupa de una de sus habitaciones; así hasta 7.450 denuncias relacionadas con este delito que según los datos del Ministerio del Interior se han presentado en el primer semestre de este año.
No sé si se oirán más voces desde la judicatura para combatir este fenómeno delictivo. Parece que durante la reciente apertura del año judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció que en los próximos días dictará una instrucción general para combatir la okupación, con el fin de que todos los fiscales unifiquen su criterio de actuación. No dio más detalles, al fiel estilo de lo que por otra parte nos tiene acostumbrados este Gobierno. ¿Más fuegos artificiales?
No solo el asunto merece una instrucción general, sino una inmediata modificación legislativa que termine con esta lacra social que garantice los derechos de los propietarios, termine con la lamentable impunidad con la que actúan los agresores y evite la creciente violencia con la que cada vez con más se manifiestan okupas, propietarios, empresas desokupas y patrullas judiciales.
