Parece que la población española se muestra favorable ante una futura vacuna contra la covid-19: un 32% de los encuestados se muestra totalmente favorable a recibirla, el 36% estaría en una posición favorable, aunque con algunas reticencias y el 23% muestra un nivel de reserva alto. El 9% restante prefiere no responder. Estos son los resultados que se derivan de la encuesta que ha encargado la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, con 2.100 encuestados. Es decir, que según este estudio estatal, un tercio de los españoles estaría dispuesto a vacunarse mañana mismo si pudiera, mientras que los dos tercios restantes mostrarían reticencias o un alto grado de rechazo a hacerlo.
El debate que se abre ahora se concreta en la potestad que tiene el Estado para obligar a los ciudadanos a vacunarse, como ha sugerido entre otros Núñez Feijóo (“en algunos casos si las autoridades sanitarias así lo deciden”). A parte de volver a desorientarnos sobre quién nos gobierna, si son los representantes políticos, las autoridades sanitarias, los dos, una vez unos y otra vez los otros, …, la cuestión vuelve a caldear los ánimos de aquellos que ven nuevamente amenazados los límites de su libertad individual. Hoy te pueden llevar a la cárcel por enviar un correo electrónico comercial a quien no haya manifestado su expreso consentimiento para recibirlo. Sin embargo, el Estado parece tener dispensa para imponer la vacuna obligatoria a quien expresamente no lo desee.
La ciudadanía ha aceptado sumisa y responsablemente, salvo anécdotas, el sometimiento ante la coerción establecida por el Estado en los distintos confinamientos decretados. Lo ha hecho comprometiendo, quizá para toda la vida, su medio de subsistencia y aceptando esta intrusión como último recurso para defender otro derecho natural, como es el de la salud. La supresión temporal de nuestras libertades puede encontrar justificación cuando la intervención del Estado se produzca para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los que pretenden arrebatárselos. Pero otra cuestión, es la de imponer por ley la intromisión en lo más íntimo, en lo esencial, en lo más reservado de nuestra propiedad como seres humanos, que es nuestro propio cuerpo.
No se trata de situarse en posiciones negacionistas ni anti sistema, pero estas propuestas creo que ya rebasan los límites de la intrusión en la privacidad más elemental. Habrá que fomentar, en su caso, con todas las garantías de eficacia y seguridad, los beneficios y calidad de las vacunas, pero siempre, siempre, respetar su aceptación voluntaria. No vacunarse no implica “per se” someter al resto de la sociedad a un riesgo general de salud pública. Este riesgo se produce cuando actuamos de forma dolosa, irresponsable o negligente, y por ello deberían condenarnos. Lo demás se me antoja claramente ilegal, a la vez que vulnera gravemente el derecho a la integridad física y a la libertad e intimidad personales.
