El Ministerio de Seguridad Social que lidera José Luis Escrivá plantea una nueva reforma del sistema de pensiones en busca de su “sostenibilidad”. Hay dos maneras de garantizarla. O generamos para españoles y extranjeros un colosal número de empleos que revierta el catastrófico panorama demográfico y económico español, o rebajamos drásticamente la partida presupuestaria destinada a pagarlo. ¿Por dónde creen que vienen los tiros? Aciertan.
El propósito principal es ampliar el periodo de cálculo de años para calcular la pensión de jubilación. Con esta medida, se pretende “ahorrar” un 6% en estas prestaciones. ¿De dónde sale este ahorro? Sencillamente, de pagar un 6% menos a los jubilados. Así de claro.
A efectos de su cálculo, el sistema estatal de pensiones abría en 2013 una ventana de dieciséis años para establecer el cómputo de la pensión. No hay ni que mencionar que por muchas excepciones que nos encontremos, la inmensa mayoría de trabajadores obtienen sus mayores ingresos en sus últimos años de cotización. Pues bien, la citada ventana de cálculo ha ido ampliándose paulatinamente hasta llegar a los veinticuatro años actuales. Resultado: a los que se han ido jubilando en estos últimos años se les ha abierto un 21% su periodo de cálculo. La propuesta del Gobierno es llevarlo a treinta y cinco años, lo que implica computar toda la vida laboral, incorporando a la media las cotizaciones realizadas en base a los primeros salarios. ¿Se acuerdan de los salarios que percibían en los años 80?
Es un contrasentido que el Estado nos obligue a permanecer en un sistema en el que nuestra cotización de hoy no sufrague la jubilación propia, sino las de otros, mientras que nuestros derechos futuros no los garantiza nadie. Pero, además, lo que es de Juzgado de Guardia es que lo único que resulta de las reformas es su progresiva reducción, enmascarada tras rastreros eufemismos como la “sostenibilidad”. Todos sabemos que el sistema está obsoleto y quebrado. No es capaz de financiar su coste y no puede garantizar su viabilidad. Pero en vez de reconocerlo y abrirse a alternativas de capitalización, nos engañan. Me parece muy bien que se abra el periodo de cálculo a treinta y cinco años, pero solo para que el cotizante elija voluntariamente sus mejores años de cotización, no para que la “big data” del ministerio lo haga por nosotros y seleccionen los periodos en los que pueden ahorrar y jodernos más.
Cualquiera que vaya a un banco a pedir dinero, estará obligado a devolverlo puntualmente con sus correspondientes intereses, bajo amenaza de perderlo todo y quedarse en la calle. Pero si usted “presta” su dinero (en forma de cotizaciones) para que el Estado financie sus gastos de hoy, nadie le garantiza que se lo vaya a devolver mañana. Esto contraviene todo la legislación contractual y debiera protegerse constitucionalmente, pero tragamos con Gobiernos que sistemáticamente nos cercenan ese derecho. Nos manifestamos por un “no sé qué” que pasó con el Dépor y el Fuenlabrada, pero la masa no se defiende de los atropellos que el Estado asesta contra lo que legítimamente le pertenece: su patrimonio y libertad.
