Opinión

Tiempos de hipocresía

Se tome el partido que se tome sobre la pretensión del Gobierno de España de pedir los remanentes de tesorería que puedan tener los ayuntamientos, la cuestión evidencia a las claras que las arcas públicas sufren de una falta de liquidez indiscutible. Las faltas de atención de sus obligaciones financieras saltan a la vista, sin ir más lejos, por la paralización de los reembolsos de la declaración de la renta de miles de obligados tributarios que tienen derecho a devolución.

Las artimañas del trilero son inagotables, pero cuando el trilero es el gobierno, que resulta que es quien maneja nuestro dinero, la cuestión resulta una desvergüenza. La apagafuegos y a la vez, ministra portavoz María Jesús Montero, con esa verborrea con la que cree que apabulla a quienes nos considera gilipollas, ha soltado, a propósito de las críticas recibidas por la aparentemente inocente mirada hacia los ahorros de los ayuntamientos, lo siguiente: “No se entienden algunas de las críticas…”, “cuando se trata de un préstamo que el gobierno no necesita, porque el gobierno no necesita financiarse”. Léanlo otra vez, si quieren, o escúchenlo en internet. Es decir, que el gobierno del que forma parte esta señora está dispuesto a pedir préstamos, a pagar sus correspondientes intereses, a endeudarse todavía más pero, atención, por algo que ¡“no lo necesita”! Una vez dicho esto, lo que tendría que hacer cualquiera que tuviera dos dedos de frente (parece que en este gobierno nadie los tiene), es dimitir y escapar de un ejecutivo que pide préstamos sin necesitarlos y que, además, paga los intereses correspondientes a costa de sus contribuyentes. Es inaudito, absurdo y un robo descarado a los ciudadanos. Alguien aceptaría que lo que aporta con sus impuestos, es decir, lo que nos quitan de nuestro sueldo, en lugar de dedicarlo a una cuestión productiva, social, cultural, … ¿se dedicará a pagar intereses por un préstamo que no se necesita? ¿Pero cómo puede hacerse un planteamiento tan estúpido?

Todo se explica porque es evidente que sí. El gobierno sí necesita enjuagar las cuentas públicas y no va a parar de husmear allá donde haya fondos con el ánimo de confiscarlos, sea como sea, utilizando las artimañas que sean necesarias.

Los fondos y remanentes que están en poder de las entidades locales pertenecen a los vecinos. La Ley de Estabilización Presupuestaria obliga a que los ahorros sean utilizados para amortizar deuda. Pues bien, aquellos ayuntamientos responsables que lo han conseguido, han pedido al gobierno que se lo deje invertir de forma inmediata. La respuesta ha sido rocambolesca. No sólo no les deja gastarlo sino que se lo pide prestado, con la promesa de dejarles gastar unas migajas en este ejercicio y en el que viene y, solo, en lo que ellos decidan, sin contar con los criterios de las corporaciones, que son los que mejor conocen, sobre el terreno, las necesidades de sus ciudadanos.

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