La crisis ha impactado en la inmensa mayor parte del tejido social y productivo del sur de la eurozona. Lo que ha provocado, en el ámbito financiero, numerosos procesos de refinanciación y reestructuración como consecuencia de la incapacidad de muchos -familias, empresas y gobiernos- para hacer frente a sus deudas. Hasta el momento, gran parte de este tipo de procesos ha pasado por tres fases más o menos familiares.
En la primera, y confiando en que las dificultades para financiarse desaparecieran en el corto plazo, bastaba un simple aplazamiento de pagos para, en apariencia, orillar los provblemas. Aunque soslayando cambios profundos destinados a garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Constatado, con el paso del tiempo, que la recuperación no acababa de llegar, los europeos asistimos a una segunda fase en materia de refinanciaciones, en la que se trataron de adaptar las diferentes estructuras de deuda a la capacidad de generación de caja de los deudores, revisando no ya los plazos (siempre al alza), sino también los precios (a la baja) y las magnitudes (con quitas). Proliferaron durante este tiempo los concursos de acreedores. Desde hace aproximadamente dos años nos encontramos inmersos en la tercera, con mejor predisposición en el ámbito privado, donde se están afrontando desafíos de calado, que en el público, sujeto a mayores reticencias, entre otras cosas, por el impacto político y social de todo cuanto hagan deudores de esta naturaleza.
Como en la reestructuración de deuda de personas físicas y, fundamentalmente, jurídicas, la de países, como singularmente sucede con Grecia, ha experimentado una secuencia similar aderezada con una complicación adicional: el carácter también público de sus acreedores tras la socialización de la deuda de aquel país. Circunstancia ésta que, por coincidir acreedores y socios -a la sazón, problema y solución-, aproxima las consecuencias internacionales del posible default soberano a las consecuencias políticas de un impago doméstico. Así, si antes se rendía cuentas de la “inversión” griega en juntas generales de accionistas, ahora corresponde hacerlo en sedes nacionales de la soberanía popular. O, para entendernos, en juntas generales de contribuyentes. Ya sea por obligación, como estos días sucede con Alemania, Estonia, Finlandia y Holanda, ya por el calendario electoral que se enfrenta, caso de Dinamarca, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido y, sobre todo, España. A fin de cuentas, es allí donde reside la representación y la voluntad de los que, en última instancia, han asumido el riesgo de impago griego, que somos todos.
