La Administración española defenderá en Bruselas la continuidad de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2020 con fondos suficientes para asegurar el mantenimiento de los pagos directos como instrumento para apoyar la renta de los agricultores y ganaderos. Este sería el punto principal de la posición española ante las futuras negociaciones para la reforma de la PAC de acuerdo con los planteamientos expuestos en los últimos días por las organizaciones del sector agrario, de la industria alimentaria y de las comunidades autónomas en las jornadas organizadas por el Ministerio de Agricultura.
La fecha para reformar la PAC casi con total seguridad se podría retrasar uno o dos años ante las previsiones de la Comisión de no presentar propuestas normativas hasta 2018 según comunicara en las propias jornadas el comisario Phil Hogan y por la celebración de elecciones en varios países y a las propias instituciones comunitarias con posibilidad de cambios sustanciales en las mismas. Estas circunstancias podrían dar lugar a que, como en ocasiones anteriores, se produzca lo que se conoce como chequeo o reforma intermedia con el reglamento “ómnibus” como base y que la reforma se aplace dos años.
Frente a las dudas sobre la UE que se han planteado con la salida del Reino Unido y, cuando desde diferentes posiciones se pone en duda la propia Unión Europea, comunidades autónomas y el sector han sido contundentes al valorar positivamente la existencia de la Política Agrícola Común como la política comunitaria más importante para mantener la cohesión entre todos los países miembros. España acudirá a Bruselas defendiendo el mantenimiento de la misma como una política básica en la construcción europea. Se entiende que la PAC ha cumplido con los objetivos que se pretendían con la misma de cara a la sociedad asegurando una oferta alimentaria suficiente en volumen, de calidad y con una seguridad alimentaria, a unos precios sostenibles para los consumidores comunitarios y los productores y enfocada al mantenimiento en líneas generales del territorio. No obstante esa valoración positiva, sector y comunidades autónomas, consideran que la PAC actual, con tantas reformas sobre sus espaldas, tiene aún muchos retos por delante por resolver o mejorar en cuestiones como una mejor gestión de las crisis, en los mecanismos para la regulación de los mercados, en los procesos para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, en el papel de la mujer, para el mantenimiento de la población en los territorios más desfavorecidos en el medio rural, en la mejor ordenación y el equilibrio de la cadena alimentaria, la modernización de las explotaciones, en la innovación en la actividad agraria y, en definitiva para la mejora de las rentas en el campo.
Frente a otras posibles vías de apoyo al sector que se han manejado en medios comunitarios, como la posibilidad de pagos en función de los precios habidos en los mercados, cobertura con seguros de riesgo, topes de ayudas por explotación, creación de fondos para apoyar en momentos de crisis, etc, desde sector y comunidades autónomas se opta mayoritariamente por defender el mantenimiento de los pagos directos para apoyar la renta agraria.
Dentro de la actividad agraria, el sector quiere que Bruselas tenga en cuenta la especificidad y la diversidad de la agricultura mediterránea y su papel en el mantenimiento de una serie de producciones y ecosistemas muy específico, así como un medio rural diferente al existente en los países del norte. España defiende la necesaria internacionalización de los mercados agrarios y alimentarios, la firma de nuevos acuerdos con terceros países, pero en un contexto de equilibrio y de reciprocidad de derechos y obligaciones.
España abogará en Bruselas por una mayor simplificación en la aplicación de la PAC, una simplificación que no suponga lo que ha significado en el pasado que, lejos de evitar los papeleos administrativos, ha dado lugar a que cada explotación se convierta en una gestoría.
El equilibrio en el marco de la cadena alimentaria preocupa a las organizaciones agrarias, a la industria alimentaria y, por lo visto en las jornadas, también a las propias comunidades autónomas que tienen la competencias para luchar contra la venta a pérdidas de la gran distribución pero que, sin embargo, hasta la fecha han actuado como si la cosa no fuera con ellas si nos atenemos a las escasas actuaciones llevadas a cabo contra ese tipo de prácticas perjudiciales para industrias y sector agrario. Bruselas también se ha hecho eco de este problema y ha planteado la necesidad de actuar en esa dirección para evitar prácticas abusivas. Estando todos de acuerdo, desde España se reclama la existencia de una normativa comunitaria en esa dirección
España pretende también que Bruselas profundice en la definición de activos, para que los fondos vayan prioritariamente a quienes ejercen la actividad agraria y defiende el mantenimiento de los pagos acoplados para determinadas producciones. Se reclama una política que ofrezca más apoyo para mejorar el comportamiento de los mercados, así como medidas más ágiles para las situaciones excepcionales que suponen las crisis.
Desde el sector y las comunidades autónomas se pretende una decidida política para evitar el despoblamiento del territorio en las zonas más desfavorecidas con más programas de apoyo al medio rural donde la agricultura rentable debe ser una actividad clave ligada a una política de servicios que suponga un adecuado desarrollo territorial global. España no deja a un lado la necesidad de unas políticas agrarias comunitarias que apoyen el uso eficiente del agua, el mantenimiento del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los microsistemas mediterráneos y todo ello desde un mayor esfuerzo para la innovación, la eficiencia, la modernización y sostenibilidad de las explotaciones y la transferencia del conocimiento a pie de cada agricultor o ganadero.
