Opinión

Agricultura, fin de etapa

A varios meses de las elecciones generales y con las vacaciones estivales de por medio, en política agraria se podría hablar de una etapa finalizada donde la actividad más importante se centrará en cerrar flecos de algunas disposiciones y tratar de mantener la paz en los mercados.

En el Ministerio de Agricultura se puede hablar de una legislatura con dos personas al frente del departamento marcadas por una política de continuidad en la filosofía y en las formas. De entrada, frente a planteamientos ideológicos, tanto Miguel Arias Cañete como Isabel García Tejerina, dispusieron de un buen equipo de profesionales marcados por su capacidad profesional y el conocimiento del sector. En esa línea, junto a nuevos nombramientos como los de subsecretario o del secretario general técnico, otras personas del equipo mantuvieron sus puestos o pasaron a desempeñar responsabilidades similares, como Carlos Cabanas como secretario general o los directores generales de Industria y de Producciones y Mercados, Fernando Burgaz y Fernando Miranda.

En materia de política agraria, la gran actuación de fondo en este periodo fue la negociación, aprobación y aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común que, probablemente no se habría logrado con otro equipo que no tuviera ese conocimiento de Bruselas. La reforma tiene de positivo que supone mantener prácticamente los niveles de fondos en ayudas directas y en desarrollo rural hasta el año 2020.

Desde la Administración, a la hora de valorar los resultados de la reforma, se destacó principalmente como parte positiva la continuidad de los fondos. Pero, esa continuidad se puede valorar igualmente como negativa en cuanto la misma consolida ayudas, en muchos casos muy elevadas, sin una justificación aparente, mientras mantiene a otros sectores de la producción en la indigencia, también sin razones aparentes. Hay producciones que cobraban y cobrarán mucho y otras que siguen sin recibir un euro. En la parte negativa se halla también la definición final sobre agricultor activo como destinatario de las ayudas directas sin la exigencia de que al menos tuviera un 20% de sus ingresos correspondientes a la venta de sus producciones en los mercados. Agricultura, Comunidades Autónomas y el sector habían acordado otra definición más restrictiva que finalmente Bruselas no aceptó, según versión del m Ministerio

En lo que afecta a la política agraria nacional, las actuaciones del Ministerio se han sustentado en tres pilares.

Para la mejora de la organización de la producción destaca la Ley de Integración Cooperativa por la que se pretende la constitución de entidades más grandes, supra autonómicas e intersectoriales, y la constitución de entidades prioritarias. En la misma línea, se han potenciado las organizaciones de productores para que las mismas tengan mayor capacidad para negociar y defender sus intereses y el papel teórico de las interprofesionales.

En el campo de la industria, junto al Plan de internacionalización para aumentar las exportaciones, destaca la aprobación de la Ley de Calidad Alimentara por la que se pretende aplicar una política uniforme en todo el Estado en esa materia como corresponde a un mercado único.

Finalmente un tercer eslabón en esa política es la aprobación y aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para lograr un equilibrio entre los intereses de todas las partes que forman parte de la misma, desde que sale un producto del campo o de la industria, hasta que el mismo llega al consumidor. La ley dio lugar a la constitución de una Agencia para su control a cuyo frente ha desarrollado un gran trabajo José Miguel Herrero. La Ley es una de las iniciativas que ha gozado de las valoraciones más positivas desde todas las organizaciones agrarias. De acuerdo con las competencias que tiene asignadas por Ley, la Agencia ha llevado a cabo miles de inspecciones, ha impuesto multas y ha supuesto un elemento fundamental para que las operaciones de compraventa se hagan bajo un contrato y que se cumplan los plazos de pago de 30 días para los productos frescos y de 60 para los elaborados. Sin embargo, la Ley también ha puesto de manifiesto que no tiene competencias para ir contra uno de los mayores problemas que tiene el sector agrario, que es la venta a pérdidas de sus productos por parte de la gran distribución, competencias que corresponden a la Ley de Comercio perteneciente a Economía y que ejecutan las Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere al desarrollo de los mercados, el día adía de la política agraria, en general se ha tratado de un periodo sin grandes conflictos y los que se han producido, han correspondido a situaciones excedentarias y, sobre todo, por la falta de mecanismos para regular la oferta. En el vino se repitieron los problemas de los bajos precios por la existencia de grandes cosechas, los cereales pasaron de precios por las nubes a cotizaciones hundidas por el comportamiento mundial de los mercados y el aceite logró al fin precios rentables esta campaña tras años de ruina. Entre los sectores con más problemas destaca la situación de la leche de vaca tras la eliminación de las cuotas desde el pasado uno de abril. Se ha pasado de una situación donde la capacidad y la decisión de producir leche la tenían los ganaderos con cuota, a otra situación donde son las industrias quienes tienen la capacidad para decidir dónde y a quienes compran la leche que necesitan en el marco de un sector excedentario, carente de organización para negociar sus precios y con una industria que ha vivido tradicionalmente solo de comprar y vender leche envasada sin otra salidas. Se trata de un problema no resuelto hoy marcado por los excedentes y los precios de saldo para una parte muy importante de la oferta, con problemas sobre todo en las Comunidades Autónomas más productoras como Galicia. Desde la Administración central, con elecciones a la vista, se han puesto en marcha una serie de medidas de apoyo para el mejor funcionamiento del sector, potenciar la demanda o financiar los avales de los créditos a los ganaderos, pero las salida pasan fundamentalmente por los gobiernos regionales para apoyar la actividad del sector vía los fondos de los Planes de Desarrollo Regional.

El sector de los productos frescos se enfrentó el último año al veto ruso con problemas de excedentes y precios que no resolvieron en su totalidad las medidas acordada tanto por la Administración española como por la comunitaria

Y, la legislatura se cerrará sin haber llevado a pie de campo, de cada explotación, al menos de haberlo intentado, la información más adecuada en semillas, maquinaria, mercados, abonos, etc. para desarrollar una actividad más sostenible y eficiente con un ahorro de costes y una mayor rentabilidad.

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