Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es uno de los departamentos más importantes por su presupuesto, aunque más del 80% corresponda a las ayudas comunitarias; por sus competencias en los sectores agrarios, pesca, agroindustria; por el medio ambiente y por ese más del 80% del territorio rural donde se desenvuelve su actividad. Sin embargo, ese peso y la importancia real del colectivo al que representa, no ha sido históricamente considerado por parte de todos los gobiernos desde la transición, sin distinción de colores.
Desde una perspectiva económica, Agricultura no ha estado entre las prioridades de los gobiernos a la hora de adoptar sus decisiones en Consejo de Ministros. Se trata de una situación histórica grave a nivel estatal, pero mucho más penosa cuando ese escenario se repite en algunas comunidades autónomas donde la agricultura y la agroindustria son los ejes de su actividad, en la creación de riqueza, empleo y territorio.
Agricultura ha sido utilizada además, salvo en unos pocos casos, como comodín en todos los partidos políticos para ajustar cuotas de poder entre familias o corrientes internas, entre cuotas por comunidades autónomas o también para ajustar cuotas en la igualdad género o colocar a amigos con ganas de ser ministro.
En esta línea llegaron al Ministerio personajes como Martínez Genique, un hombre de la transición que se le premiaba con un ministerio; José Luis Alvarez, el notario de Madrid apuntado a la UCD que no llegó a saber lo que era el sector; José Luis García Ferrero, funcionario de la casa y ganadero nombrado para dos meses con el fin de hacer el traspaso de poderes a los socialistas con buenas formas; Jesús Posada, de paso hacia el Congreso, dialogante que logró asignar las cuotas lácteas sin despeinarse ni tener conflictos; Vicente Albero, cuota valenciana de los socialistas; Elena Espinosa, la cuota gallega, mujer del mar o Rosa Aguilar la cuota andaluza, por mujer y cargo para premiar a una trásfuga de Izquierda Unida hacia el PSOE. Otros de más nombre y peso político como Solbes o Atienza vinieron solo de paso, uno hacia Economía y otro hacia las eléctricas y al negocio del vino con Freixenet, como socio. Hubo otros finalmente con peso que vinieron con idea de quedarse, sabiendo donde estaban, como Lamo de Espinosa durante los primeros años de la transición y que llevó a cabo un importante desarrollo legislativo; Carlos Romero, el amigo del presidente Felipe González, inamovible durante una década importante a pesar de las protestas que desató entre la oposición y entre los suyos propios por su falta de diálogo y su obsesión de controlarlo todo, en un momento clave para el sector agrario por la incorporación a la UE. Loyola de Palacio, no conocía el sector, pero se implicó más en las formas que en el fondo; Arias Cañete vino y repitió sabiendo lo que había en el sector aquí y en Bruselas y la actual Isabel Garcia Tejerina, igualmente conocedora del sector, ya en su segunda legislatura, tras más de una década pegada al departamento desde otros cargos.
Con unos y con otros, la realidad es que Agricultura ha tenido siempre difíciles las cosas cuando ha tratado de buscar salidas a sus problemas y se hallaban de por medio los intereses de grupos bajo el paraguas de otros departamentos.
El Ministerio de Industria, con medio año de retraso, en contra de las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y, obviamente, de la posición de la asociación de las empresas afectadas, Adap, ultima una nueva normativa para el funcionamiento de las plantas para el tratamiento con cogeneración de los purines de las granjas de porcino. En su día, allá por 2014, cuando el ministro de Industria Soria rebajó el sistema de retribución, Agricultura no lograba su mediación en la disputa con las empresas propietarias de las 29 plantas que veían cómo con esa reducción se hacía inviable mantener la actividad y con ello dejar al aire el problema de los vertidos de purines, algo indispensable para mantener la actividad del sector del porcino. La actuación de Industria era un golpe básicamente para las 29 plantas de las que solo dos son propiedad de grupos ganaderos, Coren y El Pozo, mientras el resto son negocios montados por algunos de los grandes grupos nacionales y multinacionales de la energía, pero en este caso, necesarias para la eliminación de los residuos. Agricultura, sin otra alternativa se aprestó a dar por su cuenta ayudas transitorias para hacer balsas de secado o trasladar los purines y verterlos en zonas menos contaminadas.
Agricultura puso en marcha en 2014 la llamada Ley Cadena en busca de lograr un equilibrio entre los interese de todos los actores con unas competencias marcadas, vigiladas y limitadas por los hermanos más fuertes de los departamentos económicos con Competencia como controlador del juego.
No se vislumbra a nadie en Agricultura y, en este caso, hasta en Moncloa, capaz de convencer a las empresas eléctricas y a sus mentores de Industria, sobre la injusticia de que los regantes deban abonar un canon de potencia durante todo el año, aunque no la utilicen y la imposibilidad de suscribir contratos de temporada. Desde que se eliminaron las tarifas especiales para riego por exigencias comunitarias, el sector lleva más de una década tratando de poner un poco de racionalidad en lo que afecta a las tarifas para abonar solamente en los meses de riego el término de potencia y la posibilidad de los contrato de temporada. Zapatero se comprometió a dar una salida con los hombres de Industria y por lo visto, con unos y otros gobiernos, está claro quiénes son los que mandan. Isabel García Tejerina, ante el frontón de Industria, articuló una rebaja fiscal para los regantes y ahora vuelve a la carga.
Educación y Ciencia va a su bola en la cosa agraria. Agricultura nunca se metió en las cosas de las ayudas o becas y las dificultades de los hijos de agricultores y ganaderos para acceder a las mismas cuando es un asunto clave para asentar juventud en el campo por la falta de servicios y el coste que supone estudiar siempre fuera de casa. Entre otros escenarios, se podrían señalar igualmente los esfuerzos del actual equipo de Atocha para tratar de tener más peso en el diseño del comercio exterior para chocar con los grupos de poder de Comercio, ICEX, técnicos comerciales… o la fiscalidad aplicada por Hacienda para las ayudas a la instalación de los jóvenes. Agricultura, Atocha, mucha fachada, pero poco peso en la mesa de Moncloa.
