Opinión

Agricultura revisa su plan joven

El relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y, en definitiva, la ocupación del 80% del territorio, ha constituido, sobre el papel, uno de los objetivos de los gobiernos de las últimas décadas. Sin embargo, los resultados habidos en este periodo no han logrado frenar el despoblamiento del medio rural y, sobre todo, lograr un progresivo relevo generacional en la actividad agraria donde cada día son más las personas activas con edades superiores a los 65 años, mientras no crece el número de jóvenes entre los 18 y los 40 años.

Según los datos manejados en las estadísticas comunitarias, en España, más del un 30% de los agricultores tiene más de 65 años, mientras por debajo de los 35años solamente se halla el 5,3%. Las cifras son realmente preocupantes a efectos del problema del despoblamiento del territorio. Pero, no se trata solamente de un problema español. En el conjunto de la Unión Europea los agricultores por debajo de los 35 años suponen el 7,5%, mientras por encima de los 65años se halla también el 30% de los agricultores y ganaderos. Hay casos más graves como el de Portugal donde por debajo de los 35 años solo hay un 2,6% de la población agraria, mientras por encima de los 65 años se halla el 46,6%. Italia no tiene mucha diferencia con un 37% de los agricultores con más de 65 años y un 5,1% por debajo de los 35 años. Francia se halla un paso por delante con casi un 9% con menos de 35 años y solo un 12% con más de 65 años. Y destaca muy especialmente el caso de Alemania con un 7% con menos de 35 años y solo un 5,3% con más de 65 años.

Este problema del envejecimiento de los activos en la actividad agraria, en cuanto los agricultores y ganaderos son el motor del medio rural, supone un problema para el conjunto de ese territorio, pero sobre todo, para el campo. El progresivo descenso de población en ese medio hizo que, por fin la Conferencia de presidentes del pasado mes de enero, considerara el despoblamiento como un problema muy grave al que se debería buscar salidas en colaboración y la coordinación de todas las Administraciones públicas.

Como departamento más afectado por la falta de relevo generacional y el envejecimiento de los activos, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un proceso para la revisión de las actuaciones actuales para lograr ese relevo generacional donde los jóvenes y las mujeres constituyen eje fundamental. En medios del sector existe coincidencia general en que las medidas puestas en marcha desde 2007 se han quedado cortas, razón por la cual reclaman cambios en el sistema, desde la asignación de los fondos hasta el conjunto del proceso, con implicaciones también de otras políticas como los servicios, ocio, sanidad, las infraestructuras, la fiscalidad o la educación. 

Por esta razón, al inicio de esta legislatura la ministra Isabel García Tejerina anunciaba la puesta en macha de la denominada Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural con una serie de medidas a corto, medio y largo plazo que se presentarán como “Paquete Joven”.
Esta nueva estrategia impulsada y coordinada desde la Dirección General de Desarrollo Rural, parte de un estudio sobre las necesidades básicamente de los jóvenes y de las mujeres para su incorporación a la actividad agraria y a vivir sobre todo en ese medio rural. A partir de esos datos, se analizarán todas las actuaciones actualmente encaminadas a apoyar a esos dos colectivos y proceder a una agrupación de las mismas para que tengan una mayor eficacia y, sobre todo, tratar de corregir insuficiencias o fallos y poner nuevas medidas sobre la mesa.

No caben dudas en el sector y en los propios medios oficiales, en que los fondos destinados para fines como relevo generacional, o para la primera instalación y rejuvenecimiento en la actividad agraria, han tenido menos recursos de los necesarios de una forma global, aunque cada comunidad autónoma ha hecho una política diferenciada. Hay coincidencia en señalar que los procesos para el relevo generacional o la primera instalación, contemplan excesivos requisitos, exceso de burocracia, que en muchos casos no hay ni gestores con capacidad hasta para informar a los peticionarios, que faltan instrumentos financieros de apoyo, que hay un escaso nivel de asociacionismo en el campo, así como por la dificultad para acceder a las tierras al no existir para las mismas una política de incentivos.

Oficialmente, la PAC contempla la obligación de que cada Estado destine al menos un 2% del sobre para apoyar a los jóvenes en el sector agrario. Desde el primer pilar, esas actuaciones tienen su punto más importante en el acceso a los derechos de pago de la Reserva Nacional, así como a un pago complementario. Vía el segundo pilar, las ayudas directas con los programas de desarrollo rural pueden llegar a un techo de 70.000 euros en función de sus inversiones. En la programación de 2007 a 2013 para la primera instalación de jóvenes agricultores, la asignación del conjunto de los programas de desarrollo rural para este fin ascendía a 320 millones. Las previsiones contemplaban actuar sobre casi 20.000 personas y los realmente instalados fueron 15.596 con una inversión media de 52.800 euros y unas ayudas medias de 37.400 euros. Para el periodo de 2014 a 2020, el gasto previsto para ello en los programas de desarrollo rural vía Feader se elevan a 549 millones para incorporar a 19.462 jóvenes.

La disponibilidad de ayudas directas y de otro tipo de apoyos es fundamental para que un joven decida incorporarse a la actividad agraria. Pero, al margen de políticas de apoyo, la realidad es que hacer una apuesta por la actividad agraria y además por vivir en el medio rural, requiere de otras muchas medidas que hagan atractiva esa opción para el agricultor y su familia. Y, entre esas medidas indispensables se halla la existencia de un territorio con servicios cercanos y de calidad, políticas de educación para los hijos, infraestructuras, una actividad más rentable y menos esclava fundamentalmente en las cabañas ganaderas extensivas, una PAC que no lleve cada tres años a la inseguridad de las explotaciones y, al final, que ser agricultor o ganadero, vivir en un pueblo abandonado tenga un reconocimiento social y no sea simplemente utilizado como escaparate de revistas como una actividad del pasado, algo que parece han descubierto ahora los grandes medios de comunicación.

La realidad es que San Isidro no tiene muchos seguidores, ni con ayudas.

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