Opinión

Atrapados en la cadena

El diferencial de los precios percibidos por agricultores y ganaderos y los precios pagados en destino por los consumidores; los márgenes que se desarrollan en ese proceso, el papel, el peso de los intermediarios tradicionales, y actualmente el de los grandes grupos de la industria y, sobre todo, de la gran distribución, constituyen uno de los puntos sin resolver en el desarrollo de lo que se conoce como la cadena alimentaria, no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea.

En el caso de España, la clarificación de ese proceso se ha tratado de clarificar con discreto éxito en la anterior legislatura con la puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria donde el objetivo era lograr un equilibrio entre el beneficio que quedaba en cada uno de los tramos desde el productor al consumidor. Dada la complejidad de ese recorrido y al tratarse de una medida voluntarista, donde no hay ninguna posibilidad de actuar legalmente contra el abuso en los márgenes, se puede señalar que la nueva disposición ha supuesto principalmente una puesta en actualidad de lo que es la cadena, la existencia de abusos, en algunos casos, con nombres y apellidos, pero no la corrección de los mismos.

Esta situación de márgenes abusivos se pone muy claramente en evidencia en los datos que elabora periódicamente la organización agraria COAG, el IPOD, por el que se analizan los precios de los productos agrarios más importantes en la cesta de la compra en origen y en destino y donde se observan unos incrementos que van desde un 49% en el aceite de oliva, sometido a la presión de las marcas baratas de la gran distribución y el ser uno de los productos reclamo, a casi el 1.000% que se observa especialmente en algunos productos de la huerta en este año de crisis con precios hundidos por un exceso de oferta provocada por el calor del invierno. Los incrementos son igualmente elevados en diferentes productos en el sector de las carnes con unos porcentajes del 400% en el cerdo fresco, desde los 0,98 euros de un kilo en origen frente a unos costes de 1,12 euros; el 272% en el conejo, donde los precios en origen no llegan a 1,50 euros kilo frente a unos costes de producción de 1,80 euros kilo, incrementos de más del 300% en la ternera o del 250 % en el cordero.

Desde la quinta organización agraria, Unión de Uniones, no reconocida en todo el Estado y con presencia importante en zonas como Cataluña, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, se ha denunciado el hecho de que, mientras los precios en origen bajaron un 3,2% de media en el último trienio, de 2012 a 2015, los precios pagados al consumo en el capítulo de alimentación registraron un incremento del 3,1%.

Tomando como ejemplo la leche de vaca, uno de los productos que más han sido motivo de polémica en el último año, según el segundo informe elaborado por Agricultura en relación con el ultimo año, los precios bajaron casi un 1% como media en el campo, 0,30 euros litro, con leches excedentarias donde las bajadas fueron muy superiores hasta los 0,18 euros litro, mientras los precios en la distribución subieron una media del 1,27% y por encima del 4% en el formato de los hipermercados con una media de 0,71 euros litro.

Se trata de una situación que no es patrimonio, que no se produce solo en el sector agrario, la industria alimentaria o la distribución española, sino que se repite como un calco en el conjunto de la Unión Europea, según se desprende de los datos manejados por las instituciones comunitarias. De acuerdo con esas cifras, en el seno d la Unión Europea se registró en 2015 una inflación del 0,2%. En el mismo periodo, la renta media real de los países miembros bajó un 6%, porcentaje que se redujo al 4,3% por activo si se tiene en cuenta un recorte de los mismos de casi el 2% .En todo caso, unas cifras negativas que ponen en evidencia el hecho de que mientras bajan los precios y las rentas en el sector agrario, el 1,2% en 2015 para situarse a los niveles del año 2000, suben los precios de los productos adquiridos por los consumidores.

Para la organización agraria Unión de Uniones, es un escenario que debería ser motivo de análisis por las instituciones comunitarias, no solo por sus efectos negativos sobre los consumidores, sino por el efecto indirecto que ello podría acarrear sobre el propio sector agrario y las políticas de ayudas dependientes de Bruselas

La Política Agrícola Común contempla, en el caso de España, unas ayudas directas para el periodo de 2014 a 2020 de más de 35.000 millones de euros y de casi 300.000 millones para el conjunto de los países miembros, fondos.

Año tras año a la hora de los debates comunitarios sobre el destino de fondos para el sector agrarios, se endurecen las posiciones desde una parte de los países miembros más defensores de la pura economía de mercado a la hora de acordar la asignación de esas ayudas. En el marco comunitario, los principales argumentos en defensa del mantenimiento de las ayudas de cara al año 2020 y frente a los interrogantes que se vuelven a plantear sobre su futuro más allá de esa fecha, es la importancia de disponer de un sector agrario fuerte por lo que supone de tener una seguridad alimentara al margen de los vaivenes de las producciones mundiales, tanto en volumen como también en calidad de la oferta y seguridad alimentaria, todo ello a unos precios adecuados a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos comunitarios.

Desde esta perspectiva, constituye un riesgo para el propio mantenimiento de la PAC y de esa política de ayudas al sector, el hecho de que se mantengan esos fuertes desequilibrios entre los precios que percibe el productor y los que paga finalmente el consumidor. Que el campo haga un esfuerzo para producir más barato y que ese esfuerzo no se note en la cesta de la compra porque hay una subida excesiva que se produce en el camino. El consumidor, el ciudadano comunitario se puede llegar a preguntar para que sirven las ayudas agrarias, si paga una alimentación más cara por esa cadena mal equilibrada.

Frente a esta situación, desde la organización agraria se contempla la demanda de un debate en el Parlamento Europeo para analizar esta situación que perjudica a los productores y a los consumidores en beneficio solo de un pequeño eslabón dominante de la cadena.

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