Para acabar con las movilizaciones, los ganaderos gallegos planteaban dos peticiones casi imposibles de cumplir para la Administración: la fijación de unos precios mínimos para la leche y que además se dieran garantías jurídicas para su
cumplimiento por industriales y la gran distribución.
Los ganaderos, con las experiencias de compromisos similares suscritos por un batallón de firmas de la industria y la distribución para no banalizar el precio de la leche en los años 2012 y 2013, tenían sobradas razones para desconfiar de un nuevo acuerdo a firmar en términos similares. En los últimos años, la gran distribución ha seguido utilizando la leche como un producto reclamo y las industrias con los precios a la baja ante cualquier atisbo de excedentes.
El Ministerio de Agricultura tampoco debería sorprenderse de la desconfianza y los recelos de los ganaderos, cuando él mismo ha sido ninguneado o engañado por parte de ambos sectores que no cumplieron a lo que se habían comprometido.
Hoy, Agricultura sigue sin poder exigir por decreto la fijación de ese llamado precio justo, aunque podía indicar el camino poniendo como simple referencia sus propios viejos datos sobre el valor de la cadena alimentaria de la leche. Todo queda sujeto al voluntarismo de esos grandes grupos.
Y, como hace dos años, en esta ocasión ha sido también el grupo español Mercadona, sin ser una ONG, el primero en tirar del carro y asumir una futura propuesta oficial como un compromiso, elevando los precios al ganadero y reduciendo los márgenes de cara al consumidor. Pero, estamos ante un carro del que también deberían tirar y haber tirado ya el resto de los grupos de distribución, para que, un compromiso de buenas intenciones, sea una realidad, dando a la leche, como al aceite, el valor e imagen de producto de calidad.
