A pesar de la caída generalizada de los precios en los mercados de los principales sectores y consecuencia de un fuerte aumento de las producciones agrícolas y ganaderas más importantes, 2016 se cerró con un incremento de la renta agraria del 6,9% hasta los 25.687 millones de euros, una cifra que sigue mejorando sobre las caídas de la última década, pero que todavía no llega a los niveles registrados en 2007 y sin que se esté teniendo en cuenta el efecto de la inflación registrada en este periodo.
Hoy, los precios de los principales mercados han tenido un comportamiento dispar. Hubo recuperación en ese motor de la producción que se llama porcino; ahí siguen los cereales perdidos con ligeras oscilaciones al alza o a la baja; la avicultura estable; hortalizas con sus fuertes oscilaciones consecuencia de la climatología, y los precios del vino y sobre todo del aceite, disparados hasta niveles casi record.
Chequear la actual situación de la actividad de un sector agrario disperso como el español donde las diferencias en precios y rentabilidad se dar en un mismo producto, según zonas o periodos de recolección, es una tarea imposible. Sin embargo, hay algunas referencias a través de las cuales se puede tener una idea aproximada sobre los niveles de confianza del sector en su confianza sobre el futuro de su actividad.
Oficialmente, la renta agraria es uno de los signos por el que se puede medir la salud del sector. Sin embargo, su fiabilidad no es grande si se tiene en cuenta las fuertes variaciones que existen entre cada uno de los sectores donde, mientras unos se hallan con elevadas ganancias, caso hoy del olivar, otros como los cereales se mantienen al borde de la rentabilidad, si no fuera por las ayudas PAC o la leche que sigue al borde de la rentabilidad en unas zonas, mientras en otras no llega a los gastos de producción. Además de esa dificultad para reflejar el comportamiento de la situación en cada zona o cultivo, sobre la renta agraria, cuyos datos se publican anualmente en noviembre y en enero, existe una gran desconfianza en el sector sobre su elaboración ante la dificultad técnica que supone ofrecer cifras cuando no hay datos finales sobre el comportamiento de los mercados, razón por la cual es necesaria su revisión a la vista de datos definitivos sobre precios y volumen de las producciones y gastos en medios de producción.
Además, hay otros signos objetivos de gran valor a la hora de medir, sobre todo, el grado de confianza de los agricultores y ganaderos en el futuro d su actividad.
Un primer dato sería el endeudamiento del sector agrario que va a más. Entre el tercer trimestre de2015 y el mismo periodo en 2016, el endeudamiento agrario ha crecido en más de mil millones de euros hasta los 17.851 millones de euros que suponen el 70,7% de la renta agraria, según los datos elaborados por la subdirección de análisis de Agricultura.
Que el campo se endeude más o menos puede ser positivo o negativo, según para qué. Si lo hace para mantener su actividad diaria, para sobrevivir, para atender las necesidades de circulante de la explotación, es que algo va mal. Sin embargo, si lo hace invirtiendo con la mirada en el largo plazo para la mejora de su explotación es que existe una confianza en el futuro o también, la imposibilidad de seguir con sus actuales estructuras. Los datos manejados por los analistas señalan que el mayor endeudamiento agrario corresponde en su mayor parte a créditos a largo plazo y no para cubrir sus necesidades de corto plazo. La morosidad en el sector agrario se halla estabilizada en el 9% lejos de la media de la actividad económica del 13,5% y años luz de construcción que se acerca al 30%
Otro signo que viene a reflejar la situación económica del sector agrario se concreta en el volumen de operaciones en la compra de maquinaria agrícola y muy especialmente en los tractores. Se trata de un sector con un censo de más de un millón de unidades, pero con necesidad de una gran renovación por su elevada edad media, donde la compra llegó a situarse en más de 19.000 unidades en los años 2003 y 2004. Este volumen de adquisiciones inició desde esa fecha un proceso de caídas hasta situarse en la cifra más baja de las últimas dos décadas con unas 8.500 unidades en los años 2012 y 2013. A partir de esos años, la compra de maquinaria agrícola y muy especialmente la de tractores ha seguido un proceso de recuperación que se ha concretado en 2016 con 11.449 unidades, crecimiento que se ha mantenido en los dos primeros meses de este año. Cabe destacar además la compra de unidades de mayor potencia para la agricultura más continental, mientras las de menor potencia corresponden a zonas netamente ganaderas del norte y Galicia.
El consumo de medios de producción como semillas o fertilizantes no se podría considerar básicamente como un signo de confianza del sector en cuanto se trata de una demanda más ligada a la situación concreta de una campaña y al efecto coyuntural de los precios de los mercados. En todo caso se puede hablar de cierta estabilidad en la demanda.
Finalmente, entre los aspectos o signos positivos en la situación actual de la política agraria destacan las ayudas procedentes de la PAC que en conjunto suponen casi 30% del total de la renta agraria, aunque no afectan por igual a cada una de las producciones, desde algunas donde los pagos son muy elevados a otras donde no hay apoyos. Por este motivo, de cara a la próxima reforma, el primer objetivo de la Administración agraria es lograr el mantenimiento de los actuales importes de los pagos directos sobre los que se pueda abrir posteriormente el debate para su distribución. Entre las propuestas extraoficiales para la reforma de la PAC, algunas contemplan la posibilidad de implantar una nueva política basada, no en el sistema actual de pagos directos, sino en otra que contemple como medida de ayuda seguros de rentas o de ingresos.
En medios de la Administración se entiende que, ante el futuro, lo más importante es centrarse en el mantenimiento de los pagos directos, mientras otras vías como la de los seguros de rentas son una total incógnita que se puede plantear como una política complementaria, pero no sustitutiva de la actual de los pagos directos.
