No se produjeron sorpresas y, tal como se esperaba, Isabel García Tejerina sigue al frente del Ministerio de Agricultura con las mismas competencias que en el pasado, aunque se haya añadido al nombre del departamento la palabra Pesca para dar una mayor visibilidad al sector. Con este nombramiento, se consolida aún más la relación de la ministra con el departamento de Atocha al que llegó en 2000, se puede decir que como asesora en prácticas para seguir en diferentes puestos de responsabilidad y finalmente también como política, salvo el paréntesis del PP fuera del gobierno cuando recaló en Fertiberia, firma líder en los fertilizantes, una de las empresas propiedad de VillarMir, uno de los empresarios emergentes y polivalentes más importantes de las últimas décadas y persona muy ligada a los populares.
La presencia nuevamente de Garcia Tejerina en Atocha supone una clara opción por la continuidad en la gestión con el mantenimiento de un equipo que conoce perfectamente el sector y evitar así el punto y aparte que han significado otros recambios del pasado. En consecuencia, no se abre un periodo para cambiar nada radicalmente, sino fundamentalmente para continuar lo ya iniciado, corregir rumbos e impulsar lo que se debía haber hecho en el pasado y no se hizo, sobre todo, desde la filosofía de lograr un sector agrario más eficiente y competitivo, con mejora de rentas que permitan su viabilidad como empresa, el relevo generacional y un medio rural vivo, no un camposanto.
Para lograr una mayor organización de la producción, se han dado pasos adelante con la Ley de Integración Asociativa de cara a la constitución de cooperativas supra comunitarias más potentes, a la vez que impulsaban las interprofesionales o las Organizaciones de Productores. Pero, el papel del BOE suele chocar con la inercia del sector, más reacio a organizarse en nuevas estructuras, o para defender los precios de sus productos.
La Ley de la Cadena Alimentaria ha sido, sin lugar a dudas, la estrella de la legislatura por ser una vieja demanda para buscar un equilibrio entre los intereses que forman parte de la misma desde el campo hasta los lineales de consumo. Ha sido positiva para generalizar contratos en la mayor parte de los sectores, aunque, entre otros, se podría excluir el de la compraventa de cereales donde miles de agricultores entregan la materia prima sin precio ni contrato y cobran a discreción. Ha sido igualmente un paso adelante para controlar los plazos de pago de la distribución y de muchas industrias. Pero, a la hora de su aplicación, se han puesto de manifiesto sus carencias para perseguir lo que más quería el sector, como es la venta a pérdidas o a precios a la baja donde las competencias se hallan en manos de Economía a través de las la leyes de Competencia y del Comercio Minorista. Agricultura, aunque tiene la posibilidad de operar contra las modificaciones o ausencia de contratos, de cobro complementarios o de exigencias de la distribución en materia de confidencialidad, no ha podido llegar a actuar contra el fondo del problema que se concreta en el poder de los grandes grupos de la distribución y su capacidad para imponer precios de compra con casi total impunidad.
De cara a la nueva legislatura, el recorrido y las competencias de la Ley de la Cadena Alimentaria es un primer punto a resolver. Y la ministra lo sabe pero, frente a lo sucedido en el pasado, no puede mirar a otra parte bajo el argumento de falta de competencias o más bien, por miedo a escenificar un enfrentamiento ente diferentes departamentos de un ejecutivo, sino buscando salidas donde lo importante para otros ministerios es que los precios no suban al consumidor, aunque bajen en el campo o para las industrias. Otra cosa más complicada para Agricultura sería lograr que las comunidades autónomas aplicaran la ley contra las ventas a pérdidas con mayor frecuencia.
En el sector agrario hay un problema de rentabilidad de fondo provocado por la existencia de una brecha que se agranda cada día entre el valor prácticamente estabilizado de la Producción Final Agraria entre 42.00 y 43.000 millones de euros, mientras los costes de producción pasaron en el mismo periodo de unos 15.000 a 21.000 millones de euros. Eso ha supuesto que la renta global haya experimentado ajustes a la baja hasta niveles de hace una década. Uno de los objetivos de la ministra para esta legislatura en esa dirección, aparte de impulsar la organización, sería llevar a pie de explotación la información necesaria para que un agricultor o ganadero tenga una mayor capacidad de decisión, así como lograr un sector más eficiente y competitivo en unos mercados cada vez más globalizados. Pero, en ese objetivo, es inaplazable un mayor control de los precios de los medios de producción, no solo a salida de fábrica, sino en su trayecto en toda la cadena en el campo para evitar entre los operadores pactos de precios o reparto de los territorios. No es de recibo subidas de precios, por ejemplo en lo abonos cuando bajan gas o petróleo, y menos que esas subidas se multipliquen hasta llegar al agricultor. Un observatorio de precios que se reclama sería un paso positivo, pero no la solución, como ya sucede con el Observatorio de la cadena alimentaria.
De cara a la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), Agricultura tiene la persona y el equipo más adecuado para negociar, donde los aspectos agroambientales, ahorro energético, ahorro de agua, emisiones contaminantes, rotaciones de cultivos o prácticas de laboreo reducido van a ser caballo de batalla a la hora de defender y asignar las nuevas ayudas.
Es indispensable resolver el relevo generacional donde, a pesar de las ayudas comunitarias, no se ha dado con la tecla o hay resistencia a buscarla. Sin rentabilidad, es muy difícil que nadie, por muchas ayudas que reciba para una primera instalación, apueste por la actividad agraria. Y, si además de esa baja rentabilidad, se suma un medio rural semi abandonado con graves carencias de servicios básicos y otras políticas discriminatorias como las becas para sufragar fuera los estudios de los hijos, el relevo generacional necesario para la propia actividad agraria es una tarea imposible. El problema rural no es algo específico del sector agrario, pero son los agricultores y ganaderos, por su mayor peso, los más afectados, por lo que la ministra de Agricultura debería encabezar ese movimiento por el cambio. Más del 35% de los activos agrarios tienen más de 65 años. Montar en el tractor con esas edades y muy por encima, no es para nadie un plato de gusto y, si se hace, en la mayor parte de los casos es para complementar unas de las pensiones más bajas del sistema que no dan para vivir ni en el campo. Y, si hay fondos comunitarios para quien se instala, no habría razones para que no hubiera también para quien se jubilara de verdad y cediera las tierras a los jóvenes.
