Según los datos manejados por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la producción mundial carne se eleva a unos 330 millones de toneladas de las que a la cabeza se halla el porcino con unos 125 millones de toneladas, seguido de la avicultura con 115 millones, el vacuno con otros70 millones de toneladas y el ovino con menos de 20 millones. Desde la misma organización se indica que aproximadamente cada año se pierde un 20% de la producción consecuencia de las enfermedades en el conjunto de las cabañas ganaderas, tanto por la muerte de los animales como por el descenso en los niveles de producción.
En paralelo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, se advierte que en tres décadas la población mundial podría pasar de 7.000 a 9.000 millones de habitantes y que sería necesario incrementar en un 60% la oferta de proteína animal para alimentar a la población, al margen del futuro que tenga el desarrollo de la llamada alimentación vegana consistente, en dos palabras, en elaborar “carnes” a partir de una combinación de verduras, soja, legumbres etcétera, que aportaran las mismas proteínas que las carnes de verdad.
La sanidad animal, como base para proporcionar alimentos a la población, constituye un lugar destacado en la política agraria de cualquier administración, velando por la salud y también por el bienestar de los animales estabulados; de los ligados al pastoreo o ganadería extensiva; vigilando también la sanidad de los animales salvajes en libertad y el control de los animales que forman parte de una explotación cinegética como una ganadería más.
España, posiblemente es uno de los países comunitarios con más experiencia y en positivo para la mejora de la sanidad animal con programas de erradicación, desde la olvidada peste porcina a las más cercanas como la lengua azul, la gripe aviar, brucelosis o tuberculosis, competencias hoy en manos de las comunidades autónomas con programas de coordinación desde la Administración central desde el Ministerio de Agricultura. Existe coincidencia en el sector sobre los avances logrados con campañas de saneamiento en materia de sanidad animal en las últimas décadas, y el porcino sería el mejor ejemplo pasando de ser el país apestado con la raya roja en los años ochenta, a liderar hoy la producción comunitaria.
Sin embargo, los mismos medios del sector ganadero coinciden en la necesidad de llevar a cabo los estos programas o campañas de saneamiento con medidas proporcionadas, palabra ahora de moda, velando por la sanidad animal, pero también por el mantenimiento de la actividad y las inversiones de los ganaderos, aspectos últimos que los ejecutores directos de esos programas en algunas comunidades autónomas no siempre han tenido en cuenta en sus actuaciones arrasando con la totalidad de una explotación. Las organizaciones agrarias lamentan y denuncian la aplicación en varias comunidades autónomas de medidas excesivamente drásticas ante la existencia de un problema en una explotación en base a unos análisis, en muchos casos entienden que de dudosa fiabilidad, sin que el ganadero tenga la posibilidad de defenderse con un contraanálisis y adoptando decisiones de vaciado total de animales descartando actuaciones menos duras. Desde el sector se critica además que por parte de las Administraciones no se aborde con más decisión el control y la erradicación de las enfermedades en la fauna salvaje que comparte campo con el pastoreo infestando a los animales.
En los últimos meses, en relación de la lucha para erradicar enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis, la Junta de Castilla y León sacaba pecho señalando que había seguido bajando la prevalencia de las mismas al reducir las explotaciones afectadas en un 55% desde 2006 hasta el 1,87% frente a otras comunidades autónomas como Andalucía donde ese porcentaje es del 17% o de 13% en Extremadura. La Junta castellano leonesa no aventuraba, a ese ritmo de vaciado de cuadras sin otros miramientos, las granjas que quedarían en pie en la próxima década. Desde las organizaciones agrarias se han reiterado las denuncias en diferentes comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura o Andalucia, de actuaciones en la misma línea que acabaron con toda una explotación, generalmente de pequeños o medianos ganaderos sin que las indemnizaciones existentes supongan la posibilidad de reponer los animales.
Desde el sector agrario así se lo han expresado ya al director general de Sanidad Animal y Vegetal de Atocha, planteando a la Administración la necesidad de poner en marcha un nuevo marco en la materia, la necesidad de tomarse más en serio por parte de las comunidades autónomas de la sanidad de la fauna salvaje, las políticas de prevención, caso de los sacrificios, que los que los mismos sean los adecuados para garantizare esa sanidad y que las indemnizaciones sean suficientes para compensar al ganadero a la hora de reponer los animales, así como por el lucro cesante de la explotación.
El Gobierno ultima una nueva disposición por la que se eleva del 75% al 85% del montante de las indemnizaciones por animal sacrificado, porcentaje que sería un 5% más si se trata de una raza autóctona y que podría llegar al 100% del valor del animal. El interrogante es si ese valor fijado para el animal responde o no a su precio real de mercado, cosa que hoy se halla por debajo. Agricultura también tiene en marcha una nueva disposición sobre control de enfermedades en especies cinegéticas y ha dispuesto una subvención al ganadero para el pago del transporte de al matadero de las cabras que deban ser sacrificadas.
El saneamiento, inspecciones ganaderas, erradicación de enfermedades, entiende el sector que requiere otro escenario. Primero, prevención y básicamente frente a una fauna salvaje que debería tener unos mayores controles por parte de las administraciones. Segundo, abordar el fenómeno de los cotos de caza, diferenciando aquellos donde los animales “no tienen dueño” y viven en campo abierto, a cotos que en realidad son explotaciones ganaderas donde se cuida y alimenta a sus animales para el negocio de sus monterías. Si hay controles y sacrificios por decreto para una pequeña explotación ganadera generalmente extensiva, no habría razones para no aplicar los mismos criterios de controles sobre ese tipo de explotaciones al aire libre y adoptar las mismas decisiones. El pequeño ganadero extensivo no puede pagar los platos rotos de esa falta de controles sobre toda esa fauna salvaje que afecta fundamentalmente a Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla La Mancha.
La ganadera extensiva, hoy en proceso de desaparición, esa que mantiene la actividad en el territorio, ya no tiene enfrente solamente la falta de pastores que estén de sol a sol en el campo. Ahora también se enfrenta a la sanidad animal por la falta de control de la fauna salvaje y de técnicos que firman el sacrificio de animales como si fueran sellos de correos.
