El sector agrario se ha convertido, de forma involuntaria, en uno de los mejores aliados de los consumidores para superar la cuesta de enero de acuerdo con la política de los precios de oferta impuestos por todas las grandes cadenas de la distribución con el fin de mantener la atención de los clientes para llenarla cesta de la compra.
Los precios bajos aplicados para una serie de productos de gran consumo, se estima que, en unos casos, podrían ser consecuencia de una política de venta a pérdidas aplicada por una gran distribución que prefiere vender una serie de productos básicos en los hogares por debajo de los precios de adquisición, mientras grava los preciso de otros o, simplemente, aplica esas pérdidas a la cuenta de los gastos de promoción o publicidad. Sin embargo, la política más generalizada de la gran distribución es presionar a los industriales alimentarios para que rebajen sus precios de venta y que estos trasladen esas bajadas a los precios pagados a los agricultores o ganaderos.
Aunque se trata de una política generalizada para el conjunto de los productos de una gran demanda, hay unos pocos, leche aceite o pollo, que, aunque no son los únicos, ya se han convertido tradicionalmente en los productos referencia de las ofertas.
La leche, como producto básico en la cesta de la compra, ha reforzado su presencia como un producto de oferta, tano como una marca de la propia distribución, como por parte de algunas de las más importantes marcas de fabricante. Aunque en la parte alta se mantiene algunas marcas en el entorno de los 0,80 euros litro, el grueso de la oferta se ha situado entre los 0,50 y los 0,60 euros, con acciones concretas y puntuales de precios donde el precio real a pagar puede llegar a menos de los 0,40 euros.
Esta política de la gran distribución, junto a los problemas de excedentes, producción por encima de la cuota asignada para esta campaña y las importaciones baratas de excedentes desde otros países comunitarios, hace que los precios de la leche en la industria tengan una salida a la baja y que esas mismas industrias trasladen esos recortes a los ganaderos hasta situar los precios en Galicia en menos de los 0,30 euros litro y en una media estatal de 0,32 euros en enero, frente a los o,39 euros del inicio de campaña, poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones.
Un fenómeno diferente, con otras raíces, pero también con un efecto negativo sobre el sector agrario, es el que está soportando en estos momentos el aceite de oliva donde la gran distribución ha impuesto una política de ofertas con precios, en muchos casos, por debajo de los precios de compra en origen. Con esta política, los olivareros entienden que se está desprestigiando y banalizando un producto de calidad con precios bajos de oferta y que esa imagen es, a la larga, negativa para el precio del aceite de oliva.
La actual campaña olivarera, con una cosecha prevista de entre 800.000 y, como mucho, 900.000 toneladas, frente a 1.800.000 toneladas de la campaña anterior, se ha caracterizado por unos precios al alza que, para el aceite más habitual, un lampante de cierta calidad que debe ser refinado para su consumo, se ha mantenido en los últimos mese en unas cotizaciones en el entorno de los tres euros kilo. Para elaborar un litro de aceite basta con utilizar 0,92 kilos, lo cual da un ligero margen. Pero, los costes medios de transformación, refino, embotellado, tapón, etiquetado, transporte, financiación suponen ya por litro más de 0,30 euros, a los que se deben añadir además el 10% del IVA y el beneficio.
Con los actuales precios en origen y esos costes medios de elaboración y transformación, es imposible colocar en los lineales de la gran distribución, como está sucediendo hoy en el sector, aceite de oliva muy por debajo de los tres euros litro, ya sea marca de la distribución o marca de todos los industriales del país. Esos bajos precios, al final se trasladan a los precios en el campo y además se deteriora la imagen de un producto de calidad como un producto siempre en oferta y barato, casi como un aceite de semillas.
Un tercer producto carne de cañón de los precios de oferta con efecto ruinoso sobre el sector es la carne de pollo, para la que se ha impuesto un precio de hasta 1,69 euros kilo frente a los más de tres euros a que se comercializa el mismo producto en otros países comunitarios. El pollo se ha convertido en la carne barata con la que desengrasar la cesta de la compra y otros excesos de gastos navideños.
Para luchar contra los desajustes en los precios de venta al consumo, en la actualidad existen fundamentalmente dos disposiciones.
En primer lugar, una Ley de Comercio, ligada al Ministerio de Economía y con competencias en manos de las Comunidades Autónomas por la que es posible perseguir las ventas a pérdidas si se demuestra que un grupo de la distribución está vendiendo un producto por debajo del precio de compra. Demostrar esa práctica, caso de una denuncia, es una tarea compleja pero, sobre todo, algo en lo que no se han implicado casi nunca las administraciones competentes en la materia. Por otra parte, si se reclamaran facturas de compra a una gran distribución, ésta puede reclamar a la industria o al proveedor otra factura con precios más bajos a los realmente vendidos bajo la presión o la amenaza de perder su condición de proveedor de esa cadena.
Una segunda disposición es la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, bajo el control de Agricultura por la que se trata de lograr un equilibrio entre los intereses de todas las partes que participan en el proceso, productores, industriales operadores y la distribución. Esta Ley ha supuesto en el último año la generalización de los contratos en el sector agrario con las industrias o la distribución, con un precio fijado de antemano a la entrega del producto. Sin embargo, se trata de una norma que no contempla, actuar de oficio contra la venta a pérdidas, aunque puede elevar una denuncia ante otras Administraciones si detecta irregularidades en los precios de oferta.
Desde el sector agrario se reclama a Agricultura que, por una u otra vía, se logre una mayor eficiencia contra todo este tipo de prácticas que pueden ser un atractivo y un ahorro para el consumidor, pero que suponen más pobreza para los productores en origen.
