La Entidad Estatal de Seguros Agrarios dio luz verde al 39 Plan de seguros agrarios para aplicar a partir de los próximos meses tras su próxima aprobación por el Consejo de Ministros. Este nuevo Plan no contempla novedades importantes en materia de nuevas coberturas y el mismo se limita a mejorar y profundizar en la aplicación de las actuales líneas de aseguramiento. La novedad más importante afectará al bolsillo de los asegurados por los incrementos en el coste de las primas que se producirán especialmente en los cultivos herbáceos por el recorte de las subvenciones a las mismas ante el mantenimiento de los niveles globales de ayudas, los 211 millones congelados en los últimos años aportados por el Ministerio de Agricultura y los ajustes llevados a cabo por una bueuna parte de las comunidades autónomas hasta reducir sus aportaciones a unos 80 millones de euros en este ejercicio. De esos 80 millones, 24 corresponden a la Comunidad Valenciana seguida de los ocho millones de Aragón, 7,7 de Castilla y León, seis de Extremadura o Cataluña, 4,6 de Castilla la Mancha y 4,62 de Galicia.
La actividad agraria va a ser, y para algunos ya lo está siendo, una de las actividades que se verán más duramente afectadas por el cambio climático con peligros de lluvias torrenciales o sequías prolongadas que han existido siempre, pero que en este momento están cobrando una mayor virulencia. Este nuevo escenario en el sector agrario está constituyendo también uno de los motivos de preocupación en medios comunitarios desde donde, a la hora de aplicar la política agraria, cobra más fuerza la puesta a disposición de los agricultores y ganaderos de nuevos instrumentos para la gestión de riesgos para asegurar a los mismos unos ingresos que al menos permitan cubrir costes de producción, algo a lo que no se llega en la actualidad.
En el caso de España, el instrumento para luchar contra esos riesgos y garantizar al sector esa cobertura, aunque a veces sea insuficiente, arrancó ya en 1978 con la nueva política de seguros promovida por los hombres de UCD. Hoy, el seguro agrario se ha convertido, con carácter general, en el principal instrumento público de política agraria que, con sus defectos y aspectos a mejorar, aporta al sector, al menos sobre el papel, una mínima tranquilidad para garantizar unas indemnizaciones que cubran los costes de producción y que el beneficiario pueda encarar así una próxima campaña. Frente a esta filosofía, desde el sector se insta para que el seguro, además de garantizar los costes de producción, también pudiera garantizar rentas, algo que implicaría mayores primas y a la vez más subvenciones públicas para rebajar el coste de las mismas, algo que no se ve factible a la vista de cómo están las arcas y las prioridades de las Administraciones.
Tal como se presenta la climatología y las primas, las compañías aseguradoras temen por una reducción de suscripciones y hacen una apuesta por el sistema, aunque señalan no es el segmento de seguros que ofrezca una alta rentabilidad. Entienden que el sector necesita un mecanismo que aporte tranquilidad y seguridad al agricultor, algo que, en su opinión, lo tiene el actual sistema de seguros agrarios. Un segundo aspecto positivo que destacan es el tratamiento individualizado que se hace para cada agricultor en función de su trayectoria en años anteriores y con el establecimiento claro de las producciones por hectárea o el grado protección del riesgo. Consideran que el seguro establece un precio en el momento de la contratación al margen de la evolución de los mercados y unas indemnizaciones con unos plazos de pago que se cumplen con rigor. Las compañías aseguradoras propugnan además que los agricultores se informen sobre cada seguro vía la figura de los mediadores especializados en cuestiones como las diferentes opciones de contratación, de sus costes reales, de los plazos para realizar la contratación y aconsejan realizar el pago directamente a Agroseguro sin otras personas o entidades de por medio.
Pero, en el seguro agrario hay también una parte negra o negativa: el coste del mismo y, además, el debate sobre si la cobertura que se obtiene con el mismo es suficiente o no para asegurar, no solo costes de producción, sino los ingresos necesarios para comer, ahorrar y seguir en la actividad, lo que vendría a ser, rentas.
No se pone en duda desde el sector y las Administraciones de que el seguro agrario es caro por los riesgos a que se halla sometido el mismo ante el comportamiento extremo de las condiciones climatológicas que, en el último ejercicio han supuesto el pago de más de 600 millones en indemnizaciones.
Para rebajar el importe de las primas, Agricultura aporta este año 211 millones frente a los 287 de 2012 y las comunidades autónomas otros 80 frente a los 126 del pasado.
El problema hoy de cara a la aplicación del nuevo Plan es que esos fondos se han quedado cortos para cubrir la demanda de seguros. Aunque el número de pólizas se halla casi estabilizado en unas 440.000, sin embargo aumentó el volumen del capital asegurado hasta 12.740 millones en el pasado ejercicio, lo que supuso rebajar el porcentaje de subvenciones para diferentes líneas entre las que destaca el seguro de herbáceos tras un año catastrófico para el campo y para las compañías de seguros. Y, si no hay fondos para compensar primas que aseguren costes de producción, mal se puede asegurar más, algo parecido a rentas que sí daría tranquilidad y seguridad al agricultor.
En el caso de los cereales, para el sector el seguro será además más caro por la pérdida del 5% de bonificación por el año pasado catastrófico, así como por el aumento de los rendimientos máximos a asegurar por hectárea, lo que supone pagar más prima para asegurar también más indemnizaciones en caso de siniestro.
