Desde hace más de tres décadas, 1978, con sus defectos, ausencias y agujeros negros, el seguro agrario ha constituido uno de los ejes más importantes de la política agraria, aunque siga sin ser una garantía real para asegurar rentas en la actividad. En su ya larga existencia, la política de seguros ha tenido diferentes situaciones de riesgo, no siempre solventadas con salidas equilibradas. Este ejercicio, el seguro agrario se halla en una nueva encrucijada consecuencia de la congelación de las ayudas de Agricultura para el pago de las primas, el recorte de los fondos por parte de las comunidades autónomas y la mayor respuestas del sector agrario para la contratación de pólizas y, sobre todo por el incremento del capital asegurado, lo que ha provocado un ajuste lineal de las subvenciones del 10%, que se traduce en bajada real de las ayudas a las primas, según líneas, de entre un 17% y un 37% .
A lo largo de estos años, los seguros agrarios se han ido ampliando a nuevas coberturas, dando entrada a nuevos sectores, introduciendo nuevos mecanismos para apoyar su contratación, a pesar de lo cual sigue existiendo grandes lagunas de actividades económicas en el campo que no tienen cobertura o con un tipo de cobertura que no hacen suya los agricultores y ganaderos que se mantienen reacios a la contratación de las pólizas. Esa situación supone que, mientras en unas producciones y cultivos el grado de aseguramiento es total, en otros no llega al 10%, lo que es un fracaso de la política agraria y, en el fondo un problema para la viabilidad de la propia política de seguros.
El seguro agrario en su estructura actual, solo ha sido posible gracias a la política de ayudas públicas para la contratación de las pólizas asumiendo una media del coste de las primas superior al 50%, tanto por parte del Ministerio de Agricultura, como con ayudas de las Comunidades Autónomas. Estas ayudas públicas se han mantenido en la última década en una posición de estabilidad y ligeras subidas en función de la evolución de las condiciones de la economía del país en lo que afecta a los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura. Por el contrario, desde las comunidades autónomas ha existido una menor estabilidad con un claro dominio de recortes en la mayor parte de los presupuestos regionales.
Esta situación ha marcado el desarrollo de los seguros agrarios en los últimos años, con una Administración agraria central preocupada por mantener los niveles de aseguramiento y evitar que se perdiera el trabajo desarrollado en los años precedentes para meter al sector en la política de seguros. La práctica congelación de los fondos de Agricultura y los recortes de los gobiernos regionales supuso bajar el numero de pólizas de casi 500.000 a una cifra que se ha mantenido estabilizada en el entorno de las 440/450.000 pólizas, con un valor de la producción asegurada que se hallaba prácticamente congelada en unos 10.000 millones de euros frente a una Producción Final Agraria de 43.000 millones de euros.
Hoy, según algunos de los datos manejados por las compañías aseguradoras y por la Administración, se ha producid un aumento en el volumen de las pólizas en determinadas producciones, donde destacan frutas, herbáceos o la uva. Sin embargo, el mayor aumento se ha registrado en el valor de la producción contratada donde se ha pasado de unos 10.000 12.000 millones de euros.
Agricultura se enfrenta a esta situación con unos fondos propios para compensar el coste de las primas del seguro agrario con unos fondos de 211 millones de euros, una cifra igual a la fijada inicialmente el pasado año al prorrogarse los presupuestos, así como al ajuste de los recursos de las comunidades autónomas. Para el Plan del año pasado, Agricultura tuvo que aumentar sus recursos inicia de los mismso211 millones en otros más de 60 millones con asignaciones complementarias. Este ejercicio, con los presupuestos prorrogados, la asignación, por el momento, no puede incrementarse.
Esta situación ha dado lugar a que desde la Administración central se decidiera una reducción lineal de las subvenciones del 10% que, según las cifras manejadas por Upa, se traducen en una reducción real que va, según líneas, desde un 17% a un 37%, por lo que se podía hablar de una media de incremento del 20%, mientras se mantienen estabilizadas las ayudas para retirada y destrucción de cadáveres y para los daños excepcionales.
Esta decisión de la Administración central ha provocado malestar entre las organizaciones agrarias por considerar que, en lugar de adoptarse una decisión con recortes lineales para todo el seguro, se podrían haber puesto en marcha otras actuaciones con un menor impacto negativo sobre la actividad aseguradora.
En medios agrarios se estima que, con los pies en el suelo, ante esa falta de recursos para abordar las exigencias de la nueva demanda de aseguramiento, a la espera de nuevos fondos, parece que lo más lógico hubiera sido abordar la distribución de los mismos con diferentes criterios, en función de los costes de cada línea, los niveles de riesgo existentes en cada una, haber tenido en cuenta la calificación de los profesionales y activos que viven del trabajo en el campo, haber tenido alguna consideración con los agricultores jóvenes o una revisión del actual sistema de modulación, el sistema de modulación. Desde las organizaciones agrarias también se abogaba, como otra medida, un ajuste en el importe de las primas aplicadas por las compañías aseguradoras, posible reducción de los gastos con el fin de distribuir mejor los efectos de la falta de subvenciones suficientes para hacer frente a la mayor demanda de aseguramiento.
Tantos años haciendo llamamientos para incorporar a más agricultores y ganaderos al sistema, de seguir tratando de lanzar cebos y guiños a agricultores y ganaderos de sectores o zonas tradicionalmente ajenos al seguro como podría ser los casos del olivar, el girasol, el viñedo, remolacha, etcétera, y ahora resulta que, por una situación de ajuste de fondos, se les viene a decir a esos nuevos suscriptores o a quienes han aumentado sus niveles de cobertura que se han pasado; que por su culpa vayan a tener que pagar más ellos y todos los demás. O sea, como si sobraran… como “si mejor que no hubieran venido”.
Aunque no es el mejor momento para hablar sobre nuevos avances en la política de los seguros agrarios, la realidad es que en medios agrarios, a pesar de los avances registrados en los últimos años y las mejoras introducidas, el seguro agrario se sigue viendo como un mal menor y no como la solución frente a un riesgo.
