Con más de 950.000 hectáreas de cultivo, España es el primer país del mundo en la superficie de cultivo; con una producción media entre 42 y 44 millones de hectolitros, Españas se halla entre los tres primeros productores de vino de la Unión Europea y del mundo, alternando años el primer lugar con Italia y Francia, en función de las condiciones climatológicas; España, con unos 23 millones de hectolitros es el primer país exportador de vino del mundo, gracias fundamentalmente a la venta de graneles a bajos precios. Finalmente, con una demanda para el consumo interior de solo unos 10 millones de hectolitros, España se halla en los últimos lugares frente a los 28 millones de hectolitros de Francia, los 21 de Italia, los 20 de Alemania o los 12 de Reino Unido. En los últimos años, a pesar de reducir la superficie de cultivo en unas 100.000 hectáreas, elevó la producción media en unos seis millones de hectolitros gracias a un incremento de los rendimientos con el regadío en las zonas de mayores producciones.
Todas estas cifras ponen de manifestó a la existencia de un sector importante en la actividad agraria e industrial con casi un millón de hectáreas, más de 4.000 bodegas y de 300.000 viticultores en prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas pero, a la vez, con algunas de contradicciones de fondo, sin que exista claramente definida, especialmente, desde el viticultor hasta las cooperativas que son dominantes en el sector, una filosofía clara de actuaciones para asegurar la viabilidad de futuro de un sector en materia de volumen, calidades y mercados de vino o para productos derivados como zumos o alcoholes.
De acuerdo con las actuales disposiciones comunitarias, el Ministerio de Agricultura fijaba la pasada semana el volumen de nuevas autorizaciones para las superficies de viñedo en 2016 que sustituyen a los derechos de plantación que han estado vigentes a esos efectos en los años precedentes generando un importante mercado de compraventa. Según esas directrices, cada país tiene la posibilidad de fijar cada año como máximo un volumen de autorizaciones de hasta el 1% sobre las superficies existentes a julio de 2015. Otros países competidores en el mercado comunitario del vino como Italia y Francia establecieron un incremento del el 1%. Agricultura optaba en un primer momento por establecer el 0,6%, para fijarlo finalmente en el 0,43%, equivalente a 4.173 hectáreas, atendiendo las demandas de las organizaciones agrarias y de las cooperativas que apostaban por un incremento cercano al 0%. Ese volumen se sumaba, no obstante a las más de 68.000 hectáreas en manos del sector que ya disponen de derechos para plantar y que pueden ejercitar en los próximos tres años, por lo que el incremento de superficie a plantar podría ser muy superior.
Desde a las organizaciones agrarias y las cooperativas se argumentaba su rechazo a un aumento de las autorizaciones considerando los bajos precios percibidos por la uva por parte de los agricultores en las zonas de producción más importantes, por los bajos precios de las ventas en el exterior para dar salida a los excedentes y por la caída progresiva de la demanda interior del consumo de vino. Atendiendo a las demandas de algunas denominaciones de origen, Navarra sólo tendrá autorizaciones para plantar 56 hectáreas, 314 Ribera del Duero y 387 Rioja. Además, en estas denominaciones de origen, los consejos reguladores podrán poner igualmente restricciones a las autorizaciones de replantaciones, así como a la conversión de derechos de plantación
En la parte contraria, desde la industria se defendía la libertad de plantaciones desde una posición de competitividad y no eliminar la posibilidad de que vinos en una zona determinada, con buenas salidas en los mercados, tengan capacidad para aumentar sus producciones.
En definitiva, en el mismo mercado han chocado dos formas de ver el futuro de un sector, donde comparten espacio los vinos de calidad de producciones reducidas, con otros de grandes rendimientos que provocan situaciones excedentarias y precios bajos y donde unos de los debates se centraría en el control o no de superficies o el de los rendimientos o los dos a la vez.
En los últimos años, desde 2008, Bruselas ha insistido en la necesidad de un sector donde se mantuviera el potencial productivo. Para ello, puso en marcha varios programas de arranque y de reestructuración con importantes ayudas comunitarias de la que España fue uno de los principales perceptores. Bruselas subvencionó el arranque de 175.000 hectáreas en aras de reducir el potencial productivo, de las que 95.000 correspondieron a las peticiones de los viticultores. De acuerdo con los programas de reestructuración y reconversión, España actuó sobre unas 300.000 hectáreas desde 2008 con ayudas por un importe de unos 1.700 millones de euros. Esas políticas supusieron reducir la superficie de cultivo de 1.150.000 a la actual de 958.000 hectáreas. Sin embargo, a la Comisión Europea le salió el tiro por la culata. España, lejos de reducir la producción, aumentó la misma desde una media de 37 a unos 43 millones de hectolitros, lo que supuso también para el sector tirar piedras contra su propio tejado. Mientras una serie de consejos reguladores mantienen sus políticas de rendimientos bajos para proteger sus mercados y calidades, en la mayor parte se impone la política de de libertad o de elevados rendimientos, como en las zonas libres de todo tipo de denominación, sin que por parte de las bodegas, en su mayor parte cooperativas, se exijan unas políticas de precios ligadas a la calidad. Es posible lograr uva de calidad con altos rendimientos por hectárea, pero es más difícil que la calidad vaya ligada a rendimientos en regadío y para algunos tipos de variedades de uva con hasta 40.000 kilos por hectárea.
Desde esta perspectiva, causa cierta sorpresa que, con motivo de las nuevas autorizaciones para las plantaciones de viñedo se haya establecido una polémica por temor a los excedentes y a los bajos precios que ello podría provocar y que sin embargo, no se hayan tratado de poner en marcha en los últimos tiempos mecanismos propiciados desde el propio sector para limitar los rendimientos que han dado lugar a la crisis de precios en la que vive parte importante de los viticultores desde hace varias campañas. Lo importante sería que en el sector, al margen del volumen de la superficie del cultivo, los viticultores tuvieran claro qué tipo de producto pretenden, si vinos caros de gran calidad, muchos y baratos, uva para mosto o simplemente para alcohol. La viña puede tener muchos mercados, y todos ellos, válidos.
