Como abogado miembro del Turno de Oficio desde hace más de 22 años tiene uno que morderse la lengua a veces al escuchar ciertas sandeces, unas referidas a tan noble y altruista labor dentro del ejercicio de la abogacía, otras relativas a la minusvaloración de la condición de abogado, sea cual sea nuestra especialidad. Les cuento esto al hilo de un par de noticias que he leído estos días y que, en mayor o menor medida, atañen a mi profesión, ésa en la que todos más o menos se creen, si no expertos, sí al menos con la sapiencia necesaria para dar consejos al que pide asesoramiento legal o necesita de modo urgente los servicios de un abogado, o se lanzan osados a criticar, con argumentos extrajurídicos, resoluciones judiciales dictadas en la más pura y estricta aplicación de las leyes. Ciertamente casi todo el mundo lleva un abogado dentro -más en los tiempos de su Ilustrísima Google- aunque no haya abierto un manual de Derecho en su vida. Éste el sino que llevamos a cuestas los abogados: basta una persona desesperada para que pululen a su alrededor asesores arbitristas dispuestos a regalarle el oído con aquello que en su desesperación quiere oír, aunque sea una entelequia, todo sea por ganarse el favor de la necesitada. Nada importa que ello sea irrealizable, eso es lo de menos. Ya vendrán después los abogados de verdad a enmendar el desaguisado, aunque a veces sea ya demasiado tarde.
¿Se acuerdan de Juana Rivas, la madre que, “asesorada” por una tal Paqui Granados sustrajo a sus dos hijos menores, viajó desde Italia a España con ellos y no los reintegró a su padre pese a múltiples requerimientos judiciales? Esa madre ha visto ratificada por la Audiencia Provincial de Granada su condena de cinco años de cárcel impuesta en primera instancia, a los que hay que añadir seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Le salió caro dejarse guiar por aquella abogada que no lo era, azuzadora además de todo un circo mediático que al final se le volvió en contra a la pobre madre. Y mientras Juana puede dar con sus huesos en la cárcel, la tal Paqui seguirá jugando, quién sabe, a Perry Mason en busca de clientes desesperados.
En otro orden de cosas, no me puedo imaginar (en realidad nadie que no lo haya sufrido puede) el dolor y la rabia que puede albergar el padre de Diana Quer. En su legítimo derecho ha liderado la recogida de firmas para presentarlas en el Congreso a fin de que no se derogue la actual pena de prisión permanente revisable. Que sea así o no ya se verá, pero ahora quisiera destacar una referencia hecha por este padre al abogado de oficio que fue designado (no lo eligió él) para defender al presunto asesino de su hija. Este abogado, en cumplimiento de su obligación, que no es otra que prestar la mejor defensa a su cliente dentro de la ley (¡cuántas veces se olvida esto!), ha calificado los hechos como homicidio imprudente y pide para su defendido dos años y medio de prisión, mientras que el fiscal y la acusación particular piden prisión permanente revisable por asesinato, detención ilegal y agresión sexual. Interpelado por la calificación de la defensa, el padre dijo: “La defensa hace lo que tiene que hacer. Es su papel. Pero su trabajo lo pagamos todos”. Y es esta última frase la que destila un tufillo raro. ¿Qué significa ese “pero su trabajo lo pagamos todos”? ¿Que el abogado de oficio ha de hacer dejación de sus funciones porque recibe una compensación económica pública? ¿Y el juez? También recibe un sueldo público pero, ¿acaso no ha de ser absolutamente objetivo e imparcial? ¿Debe el abogado vulnerar las normas que rigen su profesión por recibir, fíjense, unos 550 euros por su defensa en tamaño y complejo proceso? ¿O creen que los abogados de oficio nos forramos a costa del erario? Ni se imaginan los desvelos que pasamos a veces los abogados del Turno de Oficio por cuatro perras. No olviden esto, no vaya a ser que alguna vez vayan a necesitarnos.
