La situación es tan grotesca que ya sólo falta que algún encendido de mando acomplejado organice una quema de libros pretextando un repaso a lo que sucedió hace un puñado de décadas, nada más. Y si Marta Sánchez interpreta su versión del himno de España, podrían hacer negocio hasta los reventas. Hay mucho ligero de lengua, pero también abundan los de entendederas cortas. En unos días nos han sacudido con el secuestro del libro 'Fariña' sobre el narcotráfico en la tierra del mar escrito por el periodista gallego Nacho Carretero; la censura en ARCO, la gran feria del arte, de la obra de Santiago Sierra sobre "presos políticos" por aparecer Junqueras y los Jordis; la condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves al rey y amenazas en las letras de 16 de sus canciones; y hasta Puigdemont se ha colado en la fiesta del ridículo sin esta vez pretenderlo.
El humorista Joaquín Reyes rodaba un 'sketch' caracterizado como el expresident, a un ciudadano que pasaba por el Parque Europa de Torrejón de Ardoz le pareció ver al prófugo con una bandera independentista al hombro y cumplió con su país alertando a la policía. Seis agentes se presentaron para detenerlo, los seis se dieron la vuelta muertos de risa cuando comprobaron la confusión.
Quizá también dentro de un tiempo todos acabemos descojonados por el guirigay imperante, pero el talego no tiene puñetera gracia, menos incluso que la censura que se puede sortear con ingenio. Se presupone que los jueces se limitan a cumplir lo que ordenan las leyes, si no es imposible comprender que Alejandra Pontana haya admitido a trámite en Collado Villalba la petición de secuestro cautelar de 'Fariña' hecha por el exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, por supuesto quebranto de su derecho al honor. Ha resultado un tiro en el pie porque aparecía en dos párrafos y ahora le costará sacudirse el vínculo, presunto. Los libros clandestinos arden mal, como escribió Manuel Rivas. Si los jueces se limitan a aplicar lo que dicen los textos legislativos, porque no existen demandas por prevaricación, el personal tiene en su voto cambiar a los que aprueban esas normas. Y se puede ir a peor. Miedo cuando algunos se retiren la máscara.
