El papo de Audasa es tan desmesurado como las tarifas que cobra por circular por la AP-9. Las tragaderas del pueblo gallego también parecen no tener límite, hasta que un día al personal se le hinchen las meninges y decida levantar por asalto unas barreras que condenan a engordar cuenta ajena por pisar la tierra que le pertenece. La desfachatez del Gobierno central de turno con una comunidad histórica a la que siempre ha llegado tarde –hubo que cambiar de milenio para que terminasen las autovías, por el AVE seguimos esperando aunque dicen que ya llega mientras se aleja un buen servicio de cercanías– en otros pagos haría brotar independentistas como toxos en el monte de un desertor del arado.
La buena voluntad del BNG para cambiar el apoyo a la investidura de Sánchez por una rebaja en los peajes de la única vía rápida que recorre Galicia de norte a sur ha tenido el mismo efecto que las protestas en las que apoquinaba con céntimos en ventanilla. La pandemia incluso ha permitido a Audasa prescindir de este servicio para que asintomáticos y sanos metan la mano en el mismo cajetín. En la AP-71 entre León y Astorga hay personal atendiendo las 24 horas y tarifa nocturna reducida. La concesionaria de la AP-9 ha quedado retratada al reclamar al Gobierno una compensación por la disminución del tráfico en vez de levantar las barreras durante el confinamiento cuando sólo circulaban trabajadores esenciales.
No es manía con Galicia, sino negocio que le permiten. El Gobierno central –esta vez PSOE y Podemos aunque el PP tampoco puede silbar– nos vuelve a tomar por gallegos, pero con la acepción de tonto usada en Costa Rica que aparecía en el diccionario de la RAE y a la que se agarró Rosa Díez "en el sentido más peyorativo del término" para atizar en 2010 a Zapatero y a Feijóo antes de ser arrastrada por su insignificancia política. Mientras 467,6 kilómetros de autopistas de la red estatal dejaron el 1 de enero de ser de peaje, aquí estaremos pagando los 300 millones de la ampliación de Rande y Santiago hasta 2048 si nadie pone remedio. A la espera de un real decreto soportamos una subida del 0,92%, la más alta de todo el Estado por cuarto año, con autorización del ministro Ábalos. Pero ojo con el pueblo gallego, ni el Atlántico lo ha frenado.
