El año pasado 24.771 personas se dirigieron al Valedor do Pobo para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas, resultando una media mensual de 2.063, según detalló ayer la responsable de la institución, María Dolores Fernández Galiño, al entregar el informe de 2018 a Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, para su tramitación en la Cámara.
La imagen de la institución no pasa por su mejor momento al verse obligada a dimitir hace un par de meses Milagros Otero después de que el Tribunal Supremo ratificase, por "desvío de poder", la nulidad del nombramiento de María Puy Fraga, sobrina de Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PP, como jefe de servicio de Administración y Personal.
Pero además de las tensiones políticas y de las disputas para colocar a alguien afín sin que cante demasiado, la valedora do Pobo atiende una media de 69 quejas al día, casi nueve a la hora en una jornada laboral de ocho. Parecen un porrón y eso que el número de expedientes disminuyó un 29% en relación a 2017, pero aun así permite inferir que los gallegos no viven ajenos a sus instituciones.
Nos quejamos sobre todo por la sanidad y las listas de espera, urbanismo y educación. El 86,77% de las reclamaciones atañen a la Xunta (19.456), el 12,4% a los concellos (2.782), el 0,69% a las diputaciones (154) y el 0,14% a las universidades gallegas (31).
En el desglose por administraciones puede verse que la Diputación de Lugo ha recibido 136 quejas (122 por el estado de las carreteras en O Saviñao), la de A Coruña 13 y la de Pontevedra 5. La Diputación de Ourense no ha registrado ninguna. "¿En serio? Si soy Baltar, hago camisetas", bromeó un colega crítico al saber el dato. Tiempo.
