Un hombre que acababa de escriturar en Narón la compra de un piso en Ferrol manifestó al notario su desconcierto por no recibir en el acto un justificante que le permitiese desplazarse un par de kilómetros para orientar al albañil en el inicio de la reforma. La Xunta había decretado el día antes el cierre perimetral de todos los municipios de Galicia hasta el 17 de febrero para contener la tercera ola de la pandemia de covid, medida que puede ser considerada excesiva cuando en la misma orden se establecía el candado total de la hostelería, la bajada de telón de los espectáculos y el parón en los gimnasios.
Sin un servicio a mano para resolver una urgencia y sin un bar o un restaurante en el camino para aplacar otras necesidades fisiológicas, se puede presuponer que nadie se desplaza para abrir la fiambrera al pie de un cruceiro si no lo empuja un motivo razonable como poner en marcha una reforma, actividad que no está contemplada en las excepciones para saltar los marcos del concello a no ser que el propietario sea el albañil. Con la Delegación del Gobierno (PSOE), la Xunta (PP) y los alcaldes jaleando "tolerancia cero" con el infractor independientemente de la escora política, además de la llamada del BNG al confinamiento brutal durante 15 días, el último fin de semana se saldó con 719 propuestas de sanción en los 1.868 controles realizados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. La política gallega no discrepa en este punto. Con el mismo celo para perseguir delitos, los cacos solicitarían el ERTE de una sentada, pero los agentes se dedican a obedecer órdenes.
El día que España superó los tres millones de contagios y registró 766 muertes por covid, plusmarca de la tercera ola, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó cautelarmente la medida del lehendakari Urkullu que prohíbe la apertura de bares y restaurantes en las localidades con una incidencia acumulada igual o superior a 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La justicia atiende la demanda del sector al considerar que con el uso de mascarilla y distancia social "la actividad hostelera no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública". Resulta más efectivo vigilar terrazas que esperar chivatazos de fiestas en casa.
