Mi abuelo materno, Antonio Ruiz del Castillo, reposa junto con mi abuela en un nicho sencillo. Tras detenerlo no fue paseado, lo juzgó un consejo de guerra fantoche, lo condenó a la pena de muerte y, gracias a los esfuerzos de la familia, le fue conmutada por cadena perpetua. Visto desde la perspectiva del tiempo mejor hubiera sido que lo asesinaran. Le habrían mitigado el sufrimiento de años de malos tratos en las cárceles, enfermedad, hambre, penurias y desolación hasta llevarlo a la tumba. El delito cometido había sido su anónima militancia socialista, ser campesino republicano y escapar de un pelotón de fusilamientos. El suyo fue un crimen del franquismo contra una persona que no había participado en la guerra. Más de ochenta años después no entiendo por qué no debo reivindicar su recuerdo y rehabilitarlo en los tribunales, si llegara el caso.
La negación de la memoria se ha convertido en un mal endémico, alimentado por sectores conservadores a quienes irremediablemente acabamos identificando con la historia de la dictadura. Un considerable error estratégico con el que parecen buscar un hipotético rédito electoral, proveniente de grupos nostálgicos cebados por la negación de realidades añejas y, ojalá, inviables en nuestro presente. Para quienes consideramos necesaria la existencia de una derecha democrática nos parece un despropósito la actitud tradicional del PP en este sentido. ¿A qué obedece ese intento de secuestrar la historia y las consecuencias de los crímenes de la guerra y de la dictadura de Franco? Se equivocaron yendo contra la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y vuelven al mismo tortuoso sendero contra la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez.
Pero, resulta igual de incomprensible y lamentable, la utilización del olvido interesado para esgrimir y manipular un supuesto pacto con EH Bildu a la hora de elaborar el nuevo texto legislativo. Es decir, tratan de mostrar a Sánchez como cómplice de los desmanes etarras. Por ese camino, estas semanas, usando impúdicamente el terrible asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, el presunto nuevo PP ha retornado a levantar el gastado estandarte de la negación de su propia memoria para acusar al Gobierno español de traicionar a las víctimas del terrorismo. Se olvida de que, pasado solo un año y meses del crimen, José María Aznar acercó 120 presos etarras a Euskadi, permitió el regreso de casi tres centenares exiliados condenados de la banda, abrió las puertas de la legalización a aquellos que abandonaran las armas y ordenó las negociaciones con el “Movimiento Vasco de Liberación” (sic). Nadie se lo afeó.
Item más, que yo tenga noticias, más adelante en ningún momento se demonizaron entre otros los pactos del entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, con concejales de Bildu. El actual portavoz conservador en el Senado niega su memoria personal de cuando puso como ejemplo de apertura a aquellas personas del entorno de ETA, compañeros de su Corporación, para caminar por el sendero de la democracia y del entendimiento hacia la paz.
La memoria es frágil, sí. Pero la desmemoria intencionada, la negación, ya sea la remota de nuestros abuelos, padres y de nosotros mismos es mucho más que una elemental deslealtad con la historia, con los muertos o con los vivos, es puro rencor. Yo he tenido la fortuna de poder reivindicar la memoria y el sufrimiento de mis mayores en un par de novelas, pero cuantos aún permanecen en las cunetas no merecen tanta inaceptable inquina.
