Opinión

Sanidad y política

Dice Isabel Díaz Ayuso que las huelgas de los sanitarios son políticas. El sentir general de la ciudadanía es que la sanidad pública en España está en quiebra o a punto de romper todas sus costuras. Después de un comportamiento ejemplar contra la pandemia de la covid-19, durante la cual la sanidad privada estuvo ausente, el premio por parte de algunos poderes autonómicos al personal sanitario ha consistido en dar carpetazo a la recompensa y reanudar el proceso de privatización promovido por los Gobiernos conservadores desde la década de 1990. La explosión actual de manifestaciones, huelgas y reivindicaciones no son una cuestión circunstancial del último lustro, es consecuencia del fracaso de un modelo generado e impuesto desde la llegada de Aznar al poder. Hagamos memoria. 

No debemos perder de vista que la sanidad es una responsabilidad de los Gobiernos autonómicos y que la ideología de los mismos hace de correa de transmisión de lo que se piensa y decide en los partidos. Así, constatamos que los Gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps, Esperanza Aguirre, Fraga, Feijóo y Díaz Ayuso… han sido y son los abanderados del modelo importado por los equipos de Aznar de Inglaterra, cuando allí ya estaba fracasando. Como ejemplo a seguir, en 1999 inauguraron el Hospital La Ribera en Alzira, fruto de la concesión a una unión de empresas constructoras, financieras y aseguradoras. Las condiciones eran excepcionales para la concesionaria, que recortó servicios, sueldos de personal y a los tres años se le permitió ampliar el cupo de pacientes. Sin embargo en 2003 dieron en quiebra. El rescate se vio obligado a pagarlo el Gobierno socialista de Ximo Puig. No obstante el modelo de negocio resultó válido para los bolsillos de la privatización y el PP no detuvo la maquina. En Galicia tenemos el ejemplo de la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, con una costosa privatización encubierta. En Madrid la operación relámpago del Hospital Isabel Zendal, un escándalo de inversión en ladrillos y cemento mientras se descuida la función sanitaria o se propone la atención telemática para las urgencias. Estas son sólo tres perlas de un collar de muchas vueltas que le invito a curiosear.

En paralelo, el modelo Aznar decidió “adelgazar” las Administraciones, incluida la sanitaria, con la imposición de una tasa de reposición del 25%. Esto es, de cada cuatro sanitarios que se jubilaban o cesaban sólo se contrataba uno de sustitución. Ahí arranca el caos actual. Aunque Zapatero elevó la reposición al 100%, los puestos perdidos ya estaban en el limbo. Rajoy volvió a reducirla al 10%, esto es, de cada cien que marchaban se contrataban sólo diez. Pedro Sánchez la ha elevado al 120% ofertando para este año 143.869 plazas, más del doble que durante los seis años del PP. Pero, un ejemplo, de las 7.300 enfermeras que emigraron al Reino Unido en la gloriosa hégira de Mariano regresarán menos de 3.000. 

En los próximos años se van a jubilar unos 70.000 médicos en la sanidad pública y la solución que se les ocurre a algunos presidentes autonómicos es reclamar más MIR, trabajo a bajo coste; atender las urgencias con alumnos de cuarto curso de Medicina, prácticas casi gratuitas; compatibilizar el trabajo de los especialistas de los hospitales públicos con los concertados, otro trasvase privatizador… Hoy voy a darle la razón a Isabel I de Madrid. Sí, en efecto, la movilización de la sanidad pública es una cuestión política, consecuencia de la perversa e interesada gestión política de su partido. 

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