A juicio por tocar la nalga a la empleada de ayuda a domicilio de Verín

Una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio en Verín ratificó este martes la denuncia presentada contra el hijo de una usuaria dependiente, ya fallecida. Según declaró este martes en el Penal 2, protegida por un biombo, Jorge A.M. le tocó la nalga, por dentro del pantalón, cuando se encontraba limpiando el baño de la casa en la mañana del 28 de noviembre de 2023. No era la primera vez que acudía a esa vivienda, cuando la compañera que la tenía asignada no podía ir, pero ese día notó al acusado diferente. “Estaba nervioso y sentí que me observaba mientras yo limpiaba la casa”, aseguró la denunciante, quien también comenzó a incomodarse porque de forma reiterada le preguntaba qué tal estaba y cuando iba a volver. Incluso le propuso quedar fuera del ámbito laboral y hasta tuvo la impresión de que se tocaba sus genitales cuando pululaba por la estancia. “En la cocina me puso la mano en el hombro y por detrás”, añadió.

La agresión sexual que imputa al fiscal al inculpado ocurrió en el baño: “Al agacharme me metió la mano por el pantalón; no fue un roce, me tocó el culo”, declaró la víctima. Con la excusa de que tenía que ir a otras viviendas, la mujer se fue y acudió a relatarle lo sucedido a la coordinadora del servicio de ayuda a domicilio, quien también comunicó los hechos a la concejala. La mujer, que este martes renunció a cualquier tipo de indemnización, acudió a un centro médico para ser atendida de una crisis de ansiedad. Según el fiscal, estaba “aterrorizada”.

El inculpado negó el delito sexual del que fue acusado. Admite que al darle un trapo de limpieza en el baño pudo rozarla sin querer, pero sin ánimo libidinoso. En cuanto al porqué de la denuncia, asegura que puede deberse a una represalia de la trabajadora porque él se quejó de ella. Alguna vez se había ido de la casa sin prestar su cometido cuando, tras llamar a la puerta, no le abría porque no escuchaba el timbre.

El Ministerio Público pide una pena de dos años de cárcel y la prohibición de comunicación y aproximación con la denunciante durante cinco años, así como libertad vigilada con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía retiró los 1.500 euros que solicitaba para la víctima porque ella renunció a ser resarcida.