La esposa y la hija de la víctima se declaran inocentes ante el TSXG
El Tribunal Superior de Xustiza decidirá en los próximos días si mantiene o corrige las penas impuestas por la Audiencia de Ourense, a raíz de un veredicto con jurado popular, a los cuatro inculpados en el asesinato que le costó la vida al chófer y gerente de Autocares Guerra, Bernardino Pousa, el 11 de septiembre de 2011 en Verín.
Los letrados de la hija del fallecido, María Ángeles Pousa, y la esposa, Dolores Álvarez, condenadas a 20 años de prisión cada una por planificar el crimen, reclamaron la absolución en base a la falta de pruebas . En el caso de la mujer, el letrado insistió en la falta de motivos objetivos para querer dar muerte a un hombre con el que, aunque estuvieran separados, mantenía una buena relación. Por contra, las acusaciones aseguran que no aceptó de buen grado la pretensión de la víctima de divorciarse.
La representación procesal de la hija del fallecido, quien según estimó el jurado "se sentía arrinconada en el trabajo, donde compartía espacio con su padre y con otra mujer que mantendría, supuestamente, una relación sentimental con él", también reclama un pronunciamiento absolutorio del TSXG por falta de motivación de la sentencia y los errores en la apreciación de la prueba por parte del jurado popular.
Por su parte, el abogado que representa al novio de la hija, Alberto Vázquez, pretende aminonar con este recurso la pena impuesta (16 años) en aplicación de una atenuante muy cualificada de arrepentimiento y colaboración con la justicia ya que fue el único que reconoció los hechos, arrastrando en su confesión al resto de inculpados. En el juicio seguido en la Audiencia, declaró que habían contratado a un sicario paro sólo "para dar un susto" al chófer por las desavenencias con la esposa e hija.
Por último, la letrada del sicario, Ilidio Magalhaes, también reclamó menos pena al considerar que no cabe la agravante de alevosía.
DECISIÓN DEL JURADO
Para el jurado, quedó probado que esposa e hija fueron "autoras intelectuales" del asesinato. La sentencia recoge que, entre los meses de mayo y junio de 2011, Dolores Álvarez, Ángeles Pousa y Alberto Vázquez 'planearon matar a Benardino Pousa'.
A este fin decidieron contratar a un sicario ante la creencia de que Pousa se iba a divorciar porque tenía otra relación sentimental y ello iba a provocar el reparto del patrimonio conyugal. Conforme a ese plan, la esposa sería la que aportase el dinero para pagar el crimen (5.000 euros).
