El "catastrazo" tocó a la mitad de los concellos ourensanos en cuatro años

La actualización catastral ha afectado a 47 concellos durante los últimos cuatro años y ha motivado quejas de los vecinos en multitud de ocasiones, por las afecciones en diferentes tipos impositivos. Este mismo año, Ribadavia anunciaba una rebaja del porcentaje municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para mitigar los efectos del "catastrazo" de 2017, y también en Ourense el pasado año hubo polémica por una regularización en forma de carta que se aminoró con las sendas rebajas de un 10% en 2018 y 2019.

Los alcaldes reconocen que cada actualización de los valores catastrales genera un aluvión de protestas entre los vecinos y temen cada vez que se produce las consecuencias que pueden traer.

Esta actualización que se hace aplicando unos coeficientes consigue aproximar los valores catastrales de las propiedades urbanas al valor actual del mercado de bienes inmuebles. No en todos los municipios se ha aplicado la misma subida, ya que aumenta de forma gradual cuanto más lejana sea la última revisión a fondo del Catastro de cada concello.

Motivo de quejas

Desde 2015 y hasta 2019 son casi la mitad de los concellos los que han visto subir los valores del catastro para ajustar al precio de mercado, debido a la antigüedad de las ponencias de valores. Algunas, las más antiguas valoraciones, databan de 1986, como en Chandrexa de Queixa o Nogueira de Ramuín, por lo que hubieron de ser aumentados. Algunos de los concellos, como A Gudiña, Celanova o A Veiga, aparecen incluidos en las actualizaciones que aprueba el Ministerio de Hacienda durante varios ejercicios.

La subida ha creado polémicas recientes en muchos casos, como en Viana do Bolo, donde los vecinos recogieron firmas para mostrar su malestar y pedir bonificaciones en el IBI, o anteriormente en Verín o Allariz, ya en 2015.

Solo se han producido bajadas de la valoración catastral, con la consiguiente rebaja de IBI, en Barbadás y San Cibrao das Viñas. En el primero, se actualizó en 2017 y, ya que la anterior valoración se había realizado apenas 10 años atrás, en plena efervescencia inmobiliaria, el nuevo coeficiente fue menor que el que regía hasta ese momento

En el segundo caso, el turno llegó en 2016, cuando se actualizaron los coeficientes, también con un descenso, en ese caso de hasta un 23% en la parte estatal que se paga en el IBI.