Sin una reforma fiscal integral será difícil que el Gobierno pueda acometer tantos deberes como tiene por delante en una España cada vez más desigual, lastrada por el desempleo y la precariedad laboral.
Tras un período de más de 300 días en funciones, son muchos los deberes que aguardan al Gobierno de Mariano Rajoy, con el hándicap de que ahora está en minoría y debe recurrir al pacto para poder tomar decisiones.
El crecimiento –la única manera segura de combatir el paro– será su prioridad, lo cual pasa por acertar en los presupuestos pero también por estar en sintonía con la política europea, ir en línea con los agentes sociales y económicos, y, a ser posible, por tener un poco de suerte, ya que factores externos como el precio del petróleo pueden resultar determinantes. Todo lo que no sea crecer de manera sostenida por encima del 3% difícilmente dará buenos resultados en empleo, ya que una España con una tasa de paro europea precisaría crecer incluso más.
La inversión pública, paralizada desde la crisis, debería repuntar pero las posibilidades de financiarla se reducen prácticamente a los planes de Bruselas. Será clave en ese sentido que España sepa arrimarse a Francia e Italia sin incomodar a Alemania. La palanca de la financiación privada también exige medidas, ya que los bancos privados andan con problemas –especialmente el Popular– y los nacionalizados exigen medidas políticas sobre su futuro, donde se abren escenarios de privatizaciones o, alternativamente, fusiones.
Sin aclarar todas estas dudas será poco menos que imposible hablar de un nuevo modelo productivo, que, por lo demás, no acaba de definirse. El inmenso agujero del sector inmobiliario no hay quien lo rellene y las posibilidades del turismo están cada vez más al límite.
El déficit público, que sigue sin cumplirse desde el comienzo de la crisis, da muestras de los desequilibrios fiscales, por lo que su corrección no podrá pasar sólo por recortes –algunos forzados desde Bruselas–, sino también por el aumento de los ingresos. Si Rajoy confía realmente en que esta legislatura será duradera lo normal es que haga los ajustes de inicio para ir poco a poco recuperando la compostura, con nuevos presupuestos y una reforma fiscal integral.
Las pensiones, cuya revalorización es testimonial, están abocadas a reformas de alcance, para ser sostenibles. El déficit de la Seguridad Social ha ido agotando el Fondo de Reserva y ahora habrá que abordar el posible abono con impuestos de algunas pensiones no contributivas: léase viudedad y orfandad. Para no tener que hacerlo sería necesario una importante y rápido aumento de las cotizaciones, lo cual no parece probable.
También debe afrontar el Gobierno con relativa urgencia la financiación autonómica, lo cual puede ir unido al encaje de Cataluña en España o no. En cualquier hipótesis, comunidades como la valenciana saldrán ganando, dada su no justificada insuficiente financiación, lo cual amenaza la situación de otras autonomías como la gallega que tienen difícil hacer valer sus argumentos: dispersión, demografía, etcétera. Sólo si hubiera más recursos podría llegar la tarta para todos pero no parece ser el caso.
En resumidas cuentas, el nuevo Gobierno tiene una complicada agenda económica que ni siquiera puede afrontar sin consultar a la Comisión Europea, de quien dependen las llaves del déficit y de la deuda, y al BCE, que regula las compras de activos y los tipos de interés. No es descabellado pensar que, con todas sus debilidades parlamentarias, Mariano Rajoy controla más la situación interna que la externa.
@J_L_Gomez
