Los pagadores de transacciones superiores a 2.500 euros también podrán ser sancionados

Hacienda quiere controlar las cuentas abiertas en el exterior

Cristóbal Montoro, con la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez. (Foto: MANUEL H. DE LEON)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, gracias a los votos del Grupo Popular y de CiU, la convalidación del decreto ley que recoge medidas tributarias y administrativas para reducir el déficit público.
Entre ellas se incluye la llamada 'amnistía fiscal' que se enmarca dentro del Plan Antifraude que, además, obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero.

En la defensa del decreto ley, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo referencia a la llamada 'amnistía fiscal', señalando que su objetivo es 'luchar contra la economía sumergida', lo que también contribuirá al Plan Antifraude que, en forma de anteproyecto de ley, debatirá hoy el Consejo de Ministros.

En esta línea, precisó que a estas medidas también se añadirá la 'obligación tributaria de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados o con poder'.

Esta norma se anuncia después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantara el miércoles que en dicho Plan Anitfraude se incluirá la limitación a 2.500 euros en las transacciones mercantiles en metálico.

Al respecto, el secretario de Estado de Hacienda concretó ayer que tanto el pagador como el receptor de los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros podrán ser sancionados. Sin embargo, no especificó si la multa, inicialmente fijada en el 25% del pago en efectivo realizado, se repartirá entre pagador y receptor o si cada uno tendrá que asumir el 25% de dicha cantidad.


REFORMA LABORAL

El Grupo Popular tumbó las enmiendas a la totalidad de la reforma laboral presentadas por PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y BNG, con el apoyo de CiU. Así, el texto del Gobierno sigue su curso en el trámite parlamentario.

De esta forma, los grupos parlamentarios dispondrán ahora de un plazo para presentar enmiendas parciales hasta el día 16 de abril. El PP tiene el objetivo de aprobar el texto a mediados de mayo en la Cámara Baja para poder remitirlo entonces al Senado y que entre en vigor antes de junio.

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