El giro que dio el debate catalán tras la reunión de Mariano Rajoy y Artur Mas, la esperada flexibilización del objetivo de déficit por parte de la UE y su posible reparto a la carta en las comunidades marcarán hasta el verano una agenda política que inevitablemente seguirá pendiente del caso Bárcenas.
El curso político se reanuda tras la Semana Santa y después de conocerse el encuentro secreto entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, que parece haber calmado algo las pretensiones soberanistas de Mas, aunque él y Rajoy sigan muy alejados en este tema.
La razón de este aparente acercamiento fue otra, económica, en concreto la disposición del Ejecutivo de flexibilizar los objetivos de déficit de las comunidades si Bruselas a su vez da más tiempo a España para cumplir sus compromisos de estabilidad presupuestaria. Se abre pues un nuevo periodo en el que está por ver si Cataluña está dispuesta a retrasar su prometida consulta a cambio de un margen presupuestario que evite nuevas medidas drásticas.
El Gobierno da por hecho que la Comisión Europea decidirá en los próximos meses la ampliación de los plazos fijados para reducir el déficit público, de forma que el objetivo fijado para este año, del 4,5 por ciento del PIB, pase a un 5,5 o incluso un 6 por ciento. Eso permitiría a su vez relajar los objetivos autonómicos, aunque aquí se plantea otro debate que ya causó recelos entre las comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP: un reparto a la carta.
RECELOS ENTRE AUTONOMÍAS
Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia, todas ellas gobernadas por los populares, se oponen a esta posibilidad que beneficiaría a Cataluña, lo que abre a su vez un debate interno en el partido de Rajoy y posibles tensiones que se unirían a la delicada situación generada por el caso Bárcenas.
Tras tres meses con muy pocas comparecencias públicas y sin apenas reuniones internas, el PP reúne este miércoles a su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos. Aunque Rajoy previsiblemente centrará su intervención en la agenda económica del Gobierno y buscará la complicidad de los barones para continuar con sus reformas, Cataluña y Bárcenas planearán en este encuentro.
Y es que al PP le esperan unos meses duros en los que la investigación judicial sobre el extesorero y los 'papeles' -los supuestos manuscritos con contabilidad B- puede dar mucho de sí y complicar más la situación del partido del Gobierno y hacer que persistan o aumenten las críticas de la oposición.
Como contrapartida, los populares seguirán apoyándose en su mayoría absoluta y contraatacarán al PSOE con asuntos como el de los ERE andaluces, que volvió a inflarse tras nuevas imputaciones. Tocados por este asunto, los socialistas afrontan el curso reorganizados y con un reparto de poderes con el que pretenden que Rubalcaba refuerce su papel de líder de la oposición, dejando a Valenciano las riendas del control interno del partido.
En el ámbito parlamentario, en estos meses tienen que cerrarse los flecos de las reformas legales relacionadas con los desahucios, aunque es improbable que frenen las protestas de los colectivos afectados, que siguen pidiendo la dación en pago retroactiva y que en las últimas semanas protagonizaron los conocidos como 'escraches'. Estas protestas en los domicilios de numerosos cargos del PP provocaron no sólo el rechazo político de este partido, incluso hay una instrucción policial que prevé sanciones para quienes participen en actos de hostigamiento o acoso.
El Congreso tiene también por delante la tarea de consensuar medidas contra la corrupción, que ya se convirtió, según el CIS, en la segunda mayor preocupación social por detrás sólo del paro.
La razón de este aparente acercamiento fue otra, económica, en concreto la disposición del Ejecutivo de flexibilizar los objetivos de déficit de las comunidades si Bruselas a su vez da más tiempo a España para cumplir sus compromisos de estabilidad presupuestaria. Se abre pues un nuevo periodo en el que está por ver si Cataluña está dispuesta a retrasar su prometida consulta a cambio de un margen presupuestario que evite nuevas medidas drásticas.
El Gobierno da por hecho que la Comisión Europea decidirá en los próximos meses la ampliación de los plazos fijados para reducir el déficit público, de forma que el objetivo fijado para este año, del 4,5 por ciento del PIB, pase a un 5,5 o incluso un 6 por ciento. Eso permitiría a su vez relajar los objetivos autonómicos, aunque aquí se plantea otro debate que ya causó recelos entre las comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PP: un reparto a la carta.
RECELOS ENTRE AUTONOMÍAS
Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia, todas ellas gobernadas por los populares, se oponen a esta posibilidad que beneficiaría a Cataluña, lo que abre a su vez un debate interno en el partido de Rajoy y posibles tensiones que se unirían a la delicada situación generada por el caso Bárcenas.
Tras tres meses con muy pocas comparecencias públicas y sin apenas reuniones internas, el PP reúne este miércoles a su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos. Aunque Rajoy previsiblemente centrará su intervención en la agenda económica del Gobierno y buscará la complicidad de los barones para continuar con sus reformas, Cataluña y Bárcenas planearán en este encuentro.
Y es que al PP le esperan unos meses duros en los que la investigación judicial sobre el extesorero y los 'papeles' -los supuestos manuscritos con contabilidad B- puede dar mucho de sí y complicar más la situación del partido del Gobierno y hacer que persistan o aumenten las críticas de la oposición.
Como contrapartida, los populares seguirán apoyándose en su mayoría absoluta y contraatacarán al PSOE con asuntos como el de los ERE andaluces, que volvió a inflarse tras nuevas imputaciones. Tocados por este asunto, los socialistas afrontan el curso reorganizados y con un reparto de poderes con el que pretenden que Rubalcaba refuerce su papel de líder de la oposición, dejando a Valenciano las riendas del control interno del partido.
En el ámbito parlamentario, en estos meses tienen que cerrarse los flecos de las reformas legales relacionadas con los desahucios, aunque es improbable que frenen las protestas de los colectivos afectados, que siguen pidiendo la dación en pago retroactiva y que en las últimas semanas protagonizaron los conocidos como 'escraches'. Estas protestas en los domicilios de numerosos cargos del PP provocaron no sólo el rechazo político de este partido, incluso hay una instrucción policial que prevé sanciones para quienes participen en actos de hostigamiento o acoso.
El Congreso tiene también por delante la tarea de consensuar medidas contra la corrupción, que ya se convirtió, según el CIS, en la segunda mayor preocupación social por detrás sólo del paro.
