Siete personas fueron detenidas por la Guardia Civil y otras ocho imputadas ayer en Málaga en una nueva fase del 'caso Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín, que se destapó hace tres años.
Los detenidos son el concejal independiente y exalcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y seis funcionarios, entre ellos el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, según informaron fuentes próximas al caso. Martín Alba y Mora ya fueron detenidos en febrero de 2009 al destaparse esta operación, que se saldó con 55 imputados -sin contar los nuevos detenidos e imputados ayer- y descubrió una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía.
Desde primeras horas de la mañana de ayer, la Guardia Civil registró en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares, labor en la que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno. La finalidad de los registros es acreditar la comisión de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.
El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó que en la operación se investiga documentación en papel y en soporte informático relacionada con la gestión catastral, en la que la institución actúa como colaboradora del Ayuntamiento de Alcaucín.
Desde primeras horas de la mañana de ayer, la Guardia Civil registró en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares, labor en la que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno. La finalidad de los registros es acreditar la comisión de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.
El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó que en la operación se investiga documentación en papel y en soporte informático relacionada con la gestión catastral, en la que la institución actúa como colaboradora del Ayuntamiento de Alcaucín.
