La Policía ha detenido en varias ciudades españolas a 16 personas relacionadas con una trama de estafas en contrataciones de hipotecas, créditos e inversiones que ha perjudicado a unas 400 personas y que hubiera reportado a sus integrantes un beneficio de 250.000 euros en un año.
Se trata de la operación 'M. Drack', iniciada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas el pasado mes de febrero y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional, según ha informado hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
La banda realizaba estafas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, operaciones de reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas 'SKR' que nunca se materializaban y por las que cobraba diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión.
La cabecilla de la organización operaba desde Madrid y se valía de numerosos intermediarios distribuidos por distintas provincias españolas y ha ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de las diligencias previas.
Los detenidos en esta operación aseguraban representar a 'la Banca China' y se encargaban de captar clientes de futuras operaciones financieras, aunque nunca se llevaban a cabo a pesar de que algunas fueron contratadas y presuntamente gestionadas desde 2009.
Las 16 detenciones practicadas en esta operación se han efectuado en Santa Cruz de Tenerife (4), Las Palmas (3), Madrid (4), Málaga (4) y Barcelona (1).
Respecto a los perjudicados por la actividad de estos detenidos, la Policía estima que se cifran en unas 300 las personas estafadas en Santa Cruz de Tenerife y en unas 100 en Las Palmas de Gran Canaria.
Junto a estas detenciones, la Policía ha procedido a bloquear varias cuentas bancarias que utilizaba esta organización para realizar los ingresos de los clientes.
Del análisis de la ingente cantidad de documentación incautada en los diferentes registros domiciliarios practicados pudieran derivarse nuevas detenciones y la aparición de nuevos perjudicados, apunta la Jefatura Superior de Canarias.
