El embargo de sus bienes impide a Millet pagar la fianza por el 'caso Hotel'

Fèlix Millet
La juez del caso del Hotel del Palau de la Música ha exigido el pago de una fianza de 900.000 euros a Fèlix Millet y Jordi Montull, una cantidad que los imputados no han podido pagar al tener embargados todos sus bienes por orden de otro magistrado que investiga el saqueo de la institución cultural.
En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha acordado enviar a juicio a Fèlix Millet y a Jordi Montull por el presunto tráfico de influencias en la tramitación del fallido hotel de lujo junto al Palau, un caso por el que también serán juzgados los exresponsables de urbanismo de la capital catalana.

Los antiguos responsables del Palau de la Música Millet y Montull están imputados en tres causas judiciales paralelas: por el saqueo de cerca de 35 millones de euros de la institución cultural, por las irregularidades en la tramitación urbanística del fallido hotel de lujo y por fraude fiscal.

La juez del 'caso Hotel' obliga en su auto a Millet y a Montull a depositar, de forma inmediata, una fianza de 900.000 euros, cifra que equivale a la comisión que supuestamente los exresponsables del Palau recibieron de un constructor hotelero a cambio de garantizarle la adjudicación del proyecto, que nunca se llegó a ejecutar.

Sin embargo, han informado fuentes judiciales, los saqueadores confesos del Palau de la Música no han hecho efectiva, de momento, la fianza exigida por la juez instructora, pese a que el plazo ha expirado ya, porque todos sus bienes conocidos los tienen embargados por orden del juez de instrucción número 30 de Barcelona, que investiga el expolio de la institución cultural.

La juez del 'caso Hotel' también ha acordado el embargo de los bienes de Millet y Montull para garantizar la fianza, pero es difícil que pueda hacerse efectiva dado que a Millet y Montull no les quedan propiedades ni dinero en metálico que incautar.

El pasado mes de julio, el juez instructor del expolio, Josep Maria Pijuan, ordenó el registro de los domicilios de ambos para embargarles sus bienes con el fin de garantizar los 40 millones de euros de responsabilidad civil exigida por el saqueo del Palau.

Concretamente, Pijuan se llevó de la casa de los dos procesados cerca de 50.000 euros que guardaban en metálico entre los dos y sus colecciones de arte y, días más tarde, exigió a CDC (Convergència Democràtica de Catalunya) una fianza de 3,2 millones de euros para cubrir la cantidad que los exresponsables del Palau desviaron supuestamente a la formación catalanista.

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