Las empresas podrán acceder al registro de delitos sexuales

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría.
photo_camera El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría.
El empleado tendrá que prestar su consentimiento, según la reforma aprobada por el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales creado en 2016 para garantizar su actualización tras detectar casos de delitos de índole sexual con fecha posterior a la petición del certificado. ONG, empresas, instituciones o colegios profesionales que trabajen con menores podrán, a partir de ahora, solicitarlo directamente con consentimiento del trabajador.

El registro pasará a llamarse a partir de ahora Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para incluir en él todas las personas condenadas por trata de seres humanos con independencia de la edad de la víctima. Asimismo, los menores que estén edad de trabajar -a partir de 16 años- podrán solicitar directamente el justificante que acredita que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales, algo que hasta ahora solo podían efectuar sus padres o tutores.

El objetivo de esta reforma es tener “un control efectivo y periódico de los antecedentes por delitos sexuales o de trata”.

REGISTROS UNIFICADOS

La cuarta modificación aprobada por el Consejo de ministros hace alusión al régimen de certificación entre diferentes países de la Unión Europea para lo que se interconectará el registro de antecedentes penales europeo con el español, de tal manera que en un único acto se realiza tanto el trámite en España como en el país europeo que corresponda. Así, “un trámite que antes podía durar semanas o meses, ahora en minutos se obtiene un certificado simultáneo del país de origen y de España”, argumentó el ministro.

Finalmente se procede a la equiparación del régimen de cancelación de antecedentes penales de cualquier condena fuera de España, con la finalidad de equipararlo al español. “Había países que tienen una normativa diferente y la cancelación de antecedentes penales o se producía con mucha tardanza o no se producía nunca”, reconoció Bolaños. El objetivo, con la reforma, es “adaptar todo al régimen español también en los plazos para cancelar antecedentes penales”, añadió.

Te puede interesar