El magistrado Baltasar Garzón, acusado de un delito de prevaricación en el caso de los crímenes del franquismo, ha aprovechado el turno de última palabra para asegurar que su 'conciencia está tranquila porque tomó las decisiones' que creyó 'ajustadas a Derecho'. El fiscal y la defensa de Garzón piden la absolución del juez. El caso ha quedado visto para sentencia.
Garzón se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, donde tras quitarse la toga ha expuesto su alegato final ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal: 'Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a Derecho, para perseguir, sancionar o castigar, por mí o por quien correspondiera en el uso de la jurisdicción los crímenes masivos de desaparición forzada de personas en ese contexto de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas'.
Así se ha pronunciado Garzón tras hacer mención a 'La conciencia tranquila' del filósofo Immanuel Kant, una reflexión sobre los valores humanos, durante el juicio, en el que se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación que solicita para él la acusación ejercida por Manos Limpias y Libertad e Identidad. La Fiscalía y la defensa han solicitado su libre absolución y el archivo del procedimiento.
En este sentido, el juez, suspendido cautelarmente de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, ha reivindicado que las instituciones 'deben' reparación a las víctimas para evitar 'el obvio y la falta de memoria'. En aras de su independencia como magistrado y la libertad de interpretación -aspectos que constituyen la 'esencia de la función judicial'- ha alegado que adoptó las decisiones que entendió 'más apropiadas' en aplicación del derecho nacional e internacional.
Según ha dicho, actuó 'sobre todo guiado por la defensa del desamparo de esas víctimas, que son, en este tipo de crímenes, un elemento principal que todo juez debe proteger'. 'Hay otras opiniones pero ésta es la que defiendo y creo que es ajustada a Derecho', ha remachado.
En la séptima sesión del juicio y en un alegato de apenas seis minutos y medio de duración, el magistrado ha manifestado su conformidad con los informes finales expuestos por el fiscal Luis Navajas y por su defensa Gonzalo Martínez- Fresneda.
EL FISCAL Y LA DEFENSA PIDEN LA ABSOLUCIÓN
Precisamente, el abogado defensor de Garzón ha solicitado este miércoles la libre absolución de su representado y ha defendido que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicamente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.
Gonzalo Martínez- Fresneda, que se ha extendido durante dos horas en la exposición de su informe final, ha comenzado su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1988 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.
Desde el punto de vista político, ha dicho la defensa, ambos conocimientos son 'igual de repugnantes' con episodios 'tristes, trágicos, delictivos y criminales' pero jurídicamente 'no tienen parangón'. Entre otras diferencias, ha indicado que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible-- 'sabiendo que una muerte no se puede reparar'--, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.
A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a 'introducir por la puerta falsa' y 'en fraude procesal' este elemento que ha quedado sin género de dudas' fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con 'absoluta sumisión' lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.
Igualmente, el fiscal Luis Navajas ha solicitado 'con plena y absoluta convicción' la absolución de Garzón por su investigación de los crímenes franquistas. Rechazó comparar estos hechos con la matanza de Paracuellos, de la que dijo aún se sigue investigando y cuestionando si entre sus responsables estuvo Santiago Carrillo y otros dirigentes republicanos.
Durante su intervención ante los siete magistrados que integran el tribunal que juzga este asunto, el fiscal ha defendido que la acusación sostenida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad es 'infundada' y que de materializarse en condena podría interpretarse como un peligroso mensaje a los 'jueces de interpretaciones minoritarias'.
Navajas ha comenzado su interpretación defendiendo al Tribunal Supremo de las numerosas críticas de falta de independencia que se han vertido contra muchos de sus magistrados desde el inicio del procedimiento, que él dijo rechazar 'de forma rotunda y absoluta y desde el punto de personal e institucional'.
Seguidamente, el representante del Ministerio Público ha expresado sus dudas sobre las intenciones de la acusación popular al interponer la querella, si éstas eran exclusivamente buscar la protección de un bien jurídico como es el correcto funcionamiento de la justicia o si lo que tenía que ver era 'la personalidad del imputado'.
LA ACUSACIÓN PIDE LA INHABILITACIÓN POR 20 AÑOS
Por el contrario, el abogado de la acusación popular en el juicio, Joaquín Ruiz Infante, ha solicitado este miércoles la inhabilitación por 20 años de Garzón por entender que pretendió 'enjuiciar una época' obviando la Ley de Amnistía. 'Con sus argumentos, podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del Dos de Mayo', ha afirmado.
Ruiz Infante, que ha tardado más de una hora en exponer su informe final en representación de Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ha basado gran parte de su intervención el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su Juzgado por la matanza de Paracuellos (1936) utilizando unos argumentos diametralmente opuestos a los empleados en los autos por los que abrió la causa por los crímenes y las desapariciones franquistas.
A juicio Ruiz Infante, la prevaricación cometida por Garzón constituye 'un delito técnico cometido por un técnico en derecho'. El letrado concretó la conducta presuntamente delictiva del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en los autos que dictó entre 2006 y 2008 admitiendo a trámite las denuncias interpuestas por las asociaciones de memoria, 'dando lugar a una causa general poscrita por el ordenamiento español'.
Además, el letrado de Manos Limpias ha recordado que Garzón 'tardó menos de 24 horas' en archivar de plano la querella sobre los hechos de Paracuellos y que en dicho auto ya manifestó 'que no se puede abrir procedimiento por hechos ocurridos durante la Guerra Civil'.
Ha añadido que, respecto a la causa de Paracuellos, la Sala de lo Pena de la Audiencia Nacional dictó un auto el 24 de julio de 2006 confirmando el archivo de esta causa señalando tres delitos prescritos y que no se puede aplicar las leyes internacionales por delitos de lesa humanidad de forma retroactiva.
Según Ruiz Infante, debe aplicarse la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la justicia universal. Así, ha recordado que en el 'caso Scilingo', por las desapariciones durante la dictadura argentina, el propio Supremo señaló que no se puede hacer una aplicación de forma retroactiva de los delitos de lesa humanidad, si bien en el citado caso se investigaron porque no habían prescrito.
Así se ha pronunciado Garzón tras hacer mención a 'La conciencia tranquila' del filósofo Immanuel Kant, una reflexión sobre los valores humanos, durante el juicio, en el que se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación que solicita para él la acusación ejercida por Manos Limpias y Libertad e Identidad. La Fiscalía y la defensa han solicitado su libre absolución y el archivo del procedimiento.
En este sentido, el juez, suspendido cautelarmente de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, ha reivindicado que las instituciones 'deben' reparación a las víctimas para evitar 'el obvio y la falta de memoria'. En aras de su independencia como magistrado y la libertad de interpretación -aspectos que constituyen la 'esencia de la función judicial'- ha alegado que adoptó las decisiones que entendió 'más apropiadas' en aplicación del derecho nacional e internacional.
Según ha dicho, actuó 'sobre todo guiado por la defensa del desamparo de esas víctimas, que son, en este tipo de crímenes, un elemento principal que todo juez debe proteger'. 'Hay otras opiniones pero ésta es la que defiendo y creo que es ajustada a Derecho', ha remachado.
En la séptima sesión del juicio y en un alegato de apenas seis minutos y medio de duración, el magistrado ha manifestado su conformidad con los informes finales expuestos por el fiscal Luis Navajas y por su defensa Gonzalo Martínez- Fresneda.
EL FISCAL Y LA DEFENSA PIDEN LA ABSOLUCIÓN
Precisamente, el abogado defensor de Garzón ha solicitado este miércoles la libre absolución de su representado y ha defendido que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicamente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.
Gonzalo Martínez- Fresneda, que se ha extendido durante dos horas en la exposición de su informe final, ha comenzado su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1988 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936.
Desde el punto de vista político, ha dicho la defensa, ambos conocimientos son 'igual de repugnantes' con episodios 'tristes, trágicos, delictivos y criminales' pero jurídicamente 'no tienen parangón'. Entre otras diferencias, ha indicado que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible-- 'sabiendo que una muerte no se puede reparar'--, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.
A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a 'introducir por la puerta falsa' y 'en fraude procesal' este elemento que ha quedado sin género de dudas' fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con 'absoluta sumisión' lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.
Igualmente, el fiscal Luis Navajas ha solicitado 'con plena y absoluta convicción' la absolución de Garzón por su investigación de los crímenes franquistas. Rechazó comparar estos hechos con la matanza de Paracuellos, de la que dijo aún se sigue investigando y cuestionando si entre sus responsables estuvo Santiago Carrillo y otros dirigentes republicanos.
Durante su intervención ante los siete magistrados que integran el tribunal que juzga este asunto, el fiscal ha defendido que la acusación sostenida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad es 'infundada' y que de materializarse en condena podría interpretarse como un peligroso mensaje a los 'jueces de interpretaciones minoritarias'.
Navajas ha comenzado su interpretación defendiendo al Tribunal Supremo de las numerosas críticas de falta de independencia que se han vertido contra muchos de sus magistrados desde el inicio del procedimiento, que él dijo rechazar 'de forma rotunda y absoluta y desde el punto de personal e institucional'.
Seguidamente, el representante del Ministerio Público ha expresado sus dudas sobre las intenciones de la acusación popular al interponer la querella, si éstas eran exclusivamente buscar la protección de un bien jurídico como es el correcto funcionamiento de la justicia o si lo que tenía que ver era 'la personalidad del imputado'.
LA ACUSACIÓN PIDE LA INHABILITACIÓN POR 20 AÑOS
Por el contrario, el abogado de la acusación popular en el juicio, Joaquín Ruiz Infante, ha solicitado este miércoles la inhabilitación por 20 años de Garzón por entender que pretendió 'enjuiciar una época' obviando la Ley de Amnistía. 'Con sus argumentos, podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del Dos de Mayo', ha afirmado.
Ruiz Infante, que ha tardado más de una hora en exponer su informe final en representación de Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ha basado gran parte de su intervención el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su Juzgado por la matanza de Paracuellos (1936) utilizando unos argumentos diametralmente opuestos a los empleados en los autos por los que abrió la causa por los crímenes y las desapariciones franquistas.
A juicio Ruiz Infante, la prevaricación cometida por Garzón constituye 'un delito técnico cometido por un técnico en derecho'. El letrado concretó la conducta presuntamente delictiva del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en los autos que dictó entre 2006 y 2008 admitiendo a trámite las denuncias interpuestas por las asociaciones de memoria, 'dando lugar a una causa general poscrita por el ordenamiento español'.
Además, el letrado de Manos Limpias ha recordado que Garzón 'tardó menos de 24 horas' en archivar de plano la querella sobre los hechos de Paracuellos y que en dicho auto ya manifestó 'que no se puede abrir procedimiento por hechos ocurridos durante la Guerra Civil'.
Ha añadido que, respecto a la causa de Paracuellos, la Sala de lo Pena de la Audiencia Nacional dictó un auto el 24 de julio de 2006 confirmando el archivo de esta causa señalando tres delitos prescritos y que no se puede aplicar las leyes internacionales por delitos de lesa humanidad de forma retroactiva.
Según Ruiz Infante, debe aplicarse la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la justicia universal. Así, ha recordado que en el 'caso Scilingo', por las desapariciones durante la dictadura argentina, el propio Supremo señaló que no se puede hacer una aplicación de forma retroactiva de los delitos de lesa humanidad, si bien en el citado caso se investigaron porque no habían prescrito.
