La Guardia Civil anunció hoy la desarticulación de una red de caza furtiva que operaba en la Sierra de Gredos. La operación, denominada 'Almanzor', se saldó con la detención de 48 personas, presuntamente dedicadas a organizar cacerías furtivas por encargo a un precio inferior al estipulado en los cauces legales, para clientes en busca de animales vetados o de características concretas.
En el transcurso de la operación se han recuperado más de 350 trofeos de animales, entre ellos 3 leones; 28 armas de caza de distintos tipos y calibres, 8 silenciadores, 3 pistolas, 2 revólveres, 3 arcos, 6 armas blancas, 130 precintos manipulados, 17 emisoras, prismáticos, miras telescópicas, focos, linternas, ordenadores, así como 72.100 euros y 21.500 dólares en metálico.
Según explicó el subdelegado del Gobierno en Avila, César Martín Montero, las investigaciones, desarrolladas entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, se iniciaron cuando la Guardia Civil descubrió la existencia de un grupo de personas que actuaba en diversos puntos de las sierras de Avila.
Cuando los agentes obtuvieron 'numerosos datos tanto de los integrantes del grupo como de las personas que pagaban por cazar ilegalmente animales protegidos, se sospechó de la existencia de un grupo organizado', por lo que se estableció un despliegue de más de medio centenar de efectivos de Avila, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Madrid en un dispositivo que concluyó con la detención de todos los componentes de la red, explicó Martín.
En concreto, la organización 'se encargaba de preparar cacerías furtivas a clientes que deseaban cazar un animal prohibido o de unas características determinadas, pagando un precio inferior al que le costaría utilizando los cauces legales', para lo que 'contactaban con un intermediario muy conocedor del mundo de la caza, mediante anuncios, más o menos encubiertos, insertados en revistas especializadas', apuntó.
El intermediario, una vez comprobada la fiabilidad del cliente, le ponía en contacto con el encargado de organizar la cacería, que era quien le acompañaba durante la misma. Una vez fijados la fecha, el lugar y la hora, así como el precio de cada trofeo, ponían al cliente en contacto con el 'facilitador', quien se encargaba de localizar en el monte las zonas idóneas para encontrar la pieza de caza que se ajustara al pedido.
En la mayoría de los casos la cacería del animal se producía de noche, y los clientes utilizaban armas dotadas de silenciador y sin numeración para que, en caso de tener que abandonarlas, no se les pudiera vincular con ellas.
Durante el desarrollo de la cacería, algunos de los miembros de la red se situaban en las inmediaciones, así como en sus accesos, a fin de vigilar el movimiento de las patrullas de la Guardia Civil y de la Guardería Forestal, enlazando unos con otros a través de equipos de transmisores y utilizando escáneres de gran potencia para tratar de interceptar las comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según el subdelegado, 'cuando el animal era abatido, el cliente y el encargado abandonaban la zona sin portar absolutamente nada que les vinculara al hecho, mientras que los encargados de la vigilancia recogían las armas y el trofeo, deshaciéndose a continuación del cadáver del animal para que no fuera localizado'.
Días después se trasladaban a una taxidermia donde se procedía a su preparación y homologación, utilizando para ello precintos de otros años, ya utilizados o modificados.
Cuando el trofeo estaba listo se le entregaba al cliente previo pago de la cantidad estipulada, que dependiendo de la pieza abatida era entre los 2.500 y 5.000 euros.
La operación Almanzor se une a la denominada Chupete, realizada en el año 2004 en la que parte de los detenidos de entonces se encuentran ahora también implicados en esta segunda organización.
En la operación han participado numerosos agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de diversas comandancias, así como varias especialidades de este cuerpo, como el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y efectivos de Policía Judicial.
Según explicó el subdelegado del Gobierno en Avila, César Martín Montero, las investigaciones, desarrolladas entre noviembre de 2008 y marzo de 2009, se iniciaron cuando la Guardia Civil descubrió la existencia de un grupo de personas que actuaba en diversos puntos de las sierras de Avila.
Cuando los agentes obtuvieron 'numerosos datos tanto de los integrantes del grupo como de las personas que pagaban por cazar ilegalmente animales protegidos, se sospechó de la existencia de un grupo organizado', por lo que se estableció un despliegue de más de medio centenar de efectivos de Avila, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Madrid en un dispositivo que concluyó con la detención de todos los componentes de la red, explicó Martín.
En concreto, la organización 'se encargaba de preparar cacerías furtivas a clientes que deseaban cazar un animal prohibido o de unas características determinadas, pagando un precio inferior al que le costaría utilizando los cauces legales', para lo que 'contactaban con un intermediario muy conocedor del mundo de la caza, mediante anuncios, más o menos encubiertos, insertados en revistas especializadas', apuntó.
El intermediario, una vez comprobada la fiabilidad del cliente, le ponía en contacto con el encargado de organizar la cacería, que era quien le acompañaba durante la misma. Una vez fijados la fecha, el lugar y la hora, así como el precio de cada trofeo, ponían al cliente en contacto con el 'facilitador', quien se encargaba de localizar en el monte las zonas idóneas para encontrar la pieza de caza que se ajustara al pedido.
En la mayoría de los casos la cacería del animal se producía de noche, y los clientes utilizaban armas dotadas de silenciador y sin numeración para que, en caso de tener que abandonarlas, no se les pudiera vincular con ellas.
Durante el desarrollo de la cacería, algunos de los miembros de la red se situaban en las inmediaciones, así como en sus accesos, a fin de vigilar el movimiento de las patrullas de la Guardia Civil y de la Guardería Forestal, enlazando unos con otros a través de equipos de transmisores y utilizando escáneres de gran potencia para tratar de interceptar las comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según el subdelegado, 'cuando el animal era abatido, el cliente y el encargado abandonaban la zona sin portar absolutamente nada que les vinculara al hecho, mientras que los encargados de la vigilancia recogían las armas y el trofeo, deshaciéndose a continuación del cadáver del animal para que no fuera localizado'.
Días después se trasladaban a una taxidermia donde se procedía a su preparación y homologación, utilizando para ello precintos de otros años, ya utilizados o modificados.
Cuando el trofeo estaba listo se le entregaba al cliente previo pago de la cantidad estipulada, que dependiendo de la pieza abatida era entre los 2.500 y 5.000 euros.
La operación Almanzor se une a la denominada Chupete, realizada en el año 2004 en la que parte de los detenidos de entonces se encuentran ahora también implicados en esta segunda organización.
En la operación han participado numerosos agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de diversas comandancias, así como varias especialidades de este cuerpo, como el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y efectivos de Policía Judicial.
