El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha efectuado 20 detenciones, nueve imputados citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y 13 registros y no descarta que se produzcan 'al menos' dos detenciones más, en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Todo ello en una operación simultánea que desarrolla en las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria en relación con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, de las 20 detenciones se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.
Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz.
Entre ellos figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que declara ante la magistrada desde las 14,15 horas; el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados en la causa de los ERE.
Por último, en el marco de la operación se han practicado un total de 13 registros, cuatro de ellos en la provincia de Jaén (todos ellos en domicilios, uno en la capital y tres en Albanchez de Mágina -localidad natal del 'conseguidor' Juan Lanzas-); cuatro en la provincia de Sevilla ( dos en empresas y dos en domicilios); otros dos en la provincia de Cádiz (uno en empresa y otro en domicilio); otros dos en la provincia de Granada (uno en empresa y otro en domicilio); y uno en un domicilio de Madrid.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, las detenciones se están practicando dentro de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario a fin de investigar quiénes son los 'verdaderos' beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
'La está desarrollando la unidad correspondiente de la Guardia Civil y se está extendiendo con ramificaciones por diversas provincias y tengo ya la cifra de detenidos pero al no estar concluida del todo, no debo pronunciarme', ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en declaraciones ante los medios de comunicación.
Es más, ha insistido en que es 'una operación importante con diversos detenidos en distintas provincias y con diversos imputados'.
LA JUNTA ANDALUZA RESPETA LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, quien reconoce no sentirse 'sorprendido' por este 'paso más en la investigación', ha insistido en que la Junta 'fue la primera que denunció el tema, la primera que investigó y que ha estado colaborando durante todo este tiempo con la Justicia'.
En este sentido, ha reiterado su 'respeto y apoyo total hacia la acción de la Justicia', que, a su juicio, 'debe contribuir a esclarecer con prontitud y rigor lo que todos queremos conocer, el fondo de la cuestión, y así poder determinar y exigir responsabilidades y recuperar hasta el último euro que haya podido ser defraudado'.
Tras mostrar su 'total colaboración' con la Justicia, Ávila ha recordado que la Junta 'ha articulado un procedimiento para que las comisiones dejasen de pagarse y no se siguieran abonando', tras lo que insiste en su 'respeto a la investigación judicial' y en la necesidad de 'actuar sobre el conocimiento de causa'.
'En este asunto no hay que casarse con nadie, sino llegar hasta el final, recaiga la responsabilidad en quien sea', ha aseverado el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien ha señalado que la Justicia da hoy un paso más imputando y llamando a declarar a un número importante de personas, 'especialmente a gente que ha podido meter la mano y caer en una clara corrupción'.
Al respecto, el portavoz parlamenatario del PP-A, Carlos Rojas, ha lamentado que el 'deterioro constante' a la imagen de Andalucía que hace el caso ERE, es 'hora ya' de que el jefe del Gobierno andaluz asuma 'responsabilidades políticas' y admita 'errores ante hechos tan graves como estos'.
'Griñán desayuna un día sí y otro también con escándalos en el seno de su Gobierno. Y pese a ello, no es firme ante la corrupción y no toma las riendas de este asunto', ha insistido para recalcar que la agenda del presidente de la Junta 'está marcada un día por Invercaria y otros día por los ERE' y que eso impide que un Gobierno sea 'sostenible'.
Al hilo, ha exigido a Griñán que 'se dé cuenta' de lo que pasa a su alrededor y que 'asuma ahora responsabilidades de forma urgente' ya que no las quiso asumir en el Parlamento el verano pasado cuando se desarrollo la Comisión de Investigación por este caso.
De no hacerlo, según ha advertido, el 'bipartito' seguirá en el 'error de querer tapar lo ocurrido', algo que, no obstante, según celebra el PP-A, impedirá la justicia, 'que sigue avanzando' y que determinará 'las responsabilidades de los miembros del Gobierno cada vez de forma más clara'.
Rojas ha recordado que el exinterventor general de la Junta de Andalucía señaló a Griñán en esta comisión parlamentaria como el responsable de 'cebar y aumentar de principio a fin' el denominado 'fondo de reptiles' y que, por tanto, 'no necesita más imputados' para asumir su responsabilidad.
Por último, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernado, ha indicado que es 'evidente que ha existido y existía toda una trama dedicada a organizar todo el proceso dentro de la Junta de Andalucía'.
Por ello, considera que esta 'trama no podía ser en ningún caso ajeno' el que entonces era consejero de Economía y hoy presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, a quien ha exigido que comparezca para dar una explicación frente a los 'intentos de evasión de la realidad en los que ha estado inmerso durante todo este tiempo'.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, de las 20 detenciones se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.
Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz.
Entre ellos figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que declara ante la magistrada desde las 14,15 horas; el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados en la causa de los ERE.
Por último, en el marco de la operación se han practicado un total de 13 registros, cuatro de ellos en la provincia de Jaén (todos ellos en domicilios, uno en la capital y tres en Albanchez de Mágina -localidad natal del 'conseguidor' Juan Lanzas-); cuatro en la provincia de Sevilla ( dos en empresas y dos en domicilios); otros dos en la provincia de Cádiz (uno en empresa y otro en domicilio); otros dos en la provincia de Granada (uno en empresa y otro en domicilio); y uno en un domicilio de Madrid.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, las detenciones se están practicando dentro de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario a fin de investigar quiénes son los 'verdaderos' beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
'La está desarrollando la unidad correspondiente de la Guardia Civil y se está extendiendo con ramificaciones por diversas provincias y tengo ya la cifra de detenidos pero al no estar concluida del todo, no debo pronunciarme', ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en declaraciones ante los medios de comunicación.
Es más, ha insistido en que es 'una operación importante con diversos detenidos en distintas provincias y con diversos imputados'.
LA JUNTA ANDALUZA RESPETA LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, quien reconoce no sentirse 'sorprendido' por este 'paso más en la investigación', ha insistido en que la Junta 'fue la primera que denunció el tema, la primera que investigó y que ha estado colaborando durante todo este tiempo con la Justicia'.
En este sentido, ha reiterado su 'respeto y apoyo total hacia la acción de la Justicia', que, a su juicio, 'debe contribuir a esclarecer con prontitud y rigor lo que todos queremos conocer, el fondo de la cuestión, y así poder determinar y exigir responsabilidades y recuperar hasta el último euro que haya podido ser defraudado'.
Tras mostrar su 'total colaboración' con la Justicia, Ávila ha recordado que la Junta 'ha articulado un procedimiento para que las comisiones dejasen de pagarse y no se siguieran abonando', tras lo que insiste en su 'respeto a la investigación judicial' y en la necesidad de 'actuar sobre el conocimiento de causa'.
'En este asunto no hay que casarse con nadie, sino llegar hasta el final, recaiga la responsabilidad en quien sea', ha aseverado el vicepresidente de la Junta y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien ha señalado que la Justicia da hoy un paso más imputando y llamando a declarar a un número importante de personas, 'especialmente a gente que ha podido meter la mano y caer en una clara corrupción'.
Al respecto, el portavoz parlamenatario del PP-A, Carlos Rojas, ha lamentado que el 'deterioro constante' a la imagen de Andalucía que hace el caso ERE, es 'hora ya' de que el jefe del Gobierno andaluz asuma 'responsabilidades políticas' y admita 'errores ante hechos tan graves como estos'.
'Griñán desayuna un día sí y otro también con escándalos en el seno de su Gobierno. Y pese a ello, no es firme ante la corrupción y no toma las riendas de este asunto', ha insistido para recalcar que la agenda del presidente de la Junta 'está marcada un día por Invercaria y otros día por los ERE' y que eso impide que un Gobierno sea 'sostenible'.
Al hilo, ha exigido a Griñán que 'se dé cuenta' de lo que pasa a su alrededor y que 'asuma ahora responsabilidades de forma urgente' ya que no las quiso asumir en el Parlamento el verano pasado cuando se desarrollo la Comisión de Investigación por este caso.
De no hacerlo, según ha advertido, el 'bipartito' seguirá en el 'error de querer tapar lo ocurrido', algo que, no obstante, según celebra el PP-A, impedirá la justicia, 'que sigue avanzando' y que determinará 'las responsabilidades de los miembros del Gobierno cada vez de forma más clara'.
Rojas ha recordado que el exinterventor general de la Junta de Andalucía señaló a Griñán en esta comisión parlamentaria como el responsable de 'cebar y aumentar de principio a fin' el denominado 'fondo de reptiles' y que, por tanto, 'no necesita más imputados' para asumir su responsabilidad.
Por último, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernado, ha indicado que es 'evidente que ha existido y existía toda una trama dedicada a organizar todo el proceso dentro de la Junta de Andalucía'.
Por ello, considera que esta 'trama no podía ser en ningún caso ajeno' el que entonces era consejero de Economía y hoy presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, a quien ha exigido que comparezca para dar una explicación frente a los 'intentos de evasión de la realidad en los que ha estado inmerso durante todo este tiempo'.
