La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, regresará en septiembre de sus vacaciones de verano para retomar un caso que ya acumula 116 imputados, de los que 43 lo fueron en el último mes y un total de 73 no prestaron aún declaración judicial.
El caso de los ERE comenzó hace casi tres años, cuando en 2010 la juez investigaba irregularidades en Mercasevilla y descubrió que en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aparecían dos 'intrusos' que nunca habían trabajado en el mercado: Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén), y una viuda sevillana que era vecina del comercial de Vitalia que tramitó el ERE.
Lo que empezaron como irregularidades atribuidas a Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y una decena de amigos suyos incluidos como 'intrusos', se convirtió en una macrocausa en la que están acusados 33 altos cargos, ex altos cargos o funcionarios de la Junta, 17 abogados y mediadores, cuatro sindicalistas y varias decenas de empresarios y beneficiarios de las ayudas.
En un auto del 28 de junio, Alaya imputó a veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, pues a su juicio 'ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas' que habrían permitido el 'uso indebido de las transferencias de financiación' y el 'dispendio continuado de fondos públicos'.
ELUDIR CONTROLES
La juez cree que los imputados idearon o perpetuaron el sistema de ayudas mediante transferencias de financiación, que tendría por objeto 'eludir los controles que podía ejercer la Intervención' y favorecer a familiares y amigos de 'altos cargos de la Junta o del PSOE'.
En el mes de febrero pasado la juez Alaya orientó sus investigaciones a las sobrecomisiones 'millonarias' de las pólizas que durante más de una década pagó la Junta de Andalucía y que fueron el 'verdadero alimento de una trama corrupta'.
El debate abierto antes del verano sobre la necesidad de que Alaya se inhiba a favor del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante la hipotética imputación del presidente andaluz, José Antonio Griñán, o algunos consejeros, quedó despejado en agosto cuando la Audiencia de Sevilla aseguró que, previamente, la juez debe 'apurar y depurar' la investigación.
AFORADOS
Además, 'nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar', según la Audiencia.
La Audiencia no despejó, sin embargo, la duda centrada en si la juez que lleva el caso debe remitir toda la causa al tribunal superior, incluidos los 'intrusos', o solo tiene obligación de la relativa a los aforados.
Lo que empezaron como irregularidades atribuidas a Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y una decena de amigos suyos incluidos como 'intrusos', se convirtió en una macrocausa en la que están acusados 33 altos cargos, ex altos cargos o funcionarios de la Junta, 17 abogados y mediadores, cuatro sindicalistas y varias decenas de empresarios y beneficiarios de las ayudas.
En un auto del 28 de junio, Alaya imputó a veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, pues a su juicio 'ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas' que habrían permitido el 'uso indebido de las transferencias de financiación' y el 'dispendio continuado de fondos públicos'.
ELUDIR CONTROLES
La juez cree que los imputados idearon o perpetuaron el sistema de ayudas mediante transferencias de financiación, que tendría por objeto 'eludir los controles que podía ejercer la Intervención' y favorecer a familiares y amigos de 'altos cargos de la Junta o del PSOE'.
En el mes de febrero pasado la juez Alaya orientó sus investigaciones a las sobrecomisiones 'millonarias' de las pólizas que durante más de una década pagó la Junta de Andalucía y que fueron el 'verdadero alimento de una trama corrupta'.
El debate abierto antes del verano sobre la necesidad de que Alaya se inhiba a favor del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante la hipotética imputación del presidente andaluz, José Antonio Griñán, o algunos consejeros, quedó despejado en agosto cuando la Audiencia de Sevilla aseguró que, previamente, la juez debe 'apurar y depurar' la investigación.
AFORADOS
Además, 'nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar', según la Audiencia.
La Audiencia no despejó, sin embargo, la duda centrada en si la juez que lleva el caso debe remitir toda la causa al tribunal superior, incluidos los 'intrusos', o solo tiene obligación de la relativa a los aforados.
